Una comisión de desplazados de Leonardo Bravo (Chichihualco) se reunió este viernes en la Ciudad de México con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), a quienes les insistieron en que se repliegue a los policías comunitarios de Heliodoro Castillo que tienen tomado Filo de Caballos desde el 11 de noviembre, informó vía telefónica el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
Informó que los seis representantes de los desplazados de las comunidades de Chichihualco participaron en un conversatorio la tarde del jueves con el senador independiente Emilio Álvarez Icaza y la de Morena, Nestora Salgado García.
En el encuentro estuvieron también víctimas de la violencia de los estados de Michoacán, Morelos y Chiapas, con quienes tienen pláticas para conformar un movimiento nacional.
Olivares Hernández informó que ayer se reunieron con el director general de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Santana Ángeles, a quien le insistieron que desde el ámbito federal “se atienda, se desarme y se repliegue” a los grupos de seudocomunitarios que provocan el desplazamiento en las comunidades de Leonardo Bravo.
Informó que el funcionario les dijo que el nuevo gobierno está preocupado por la situación en que ha encontrado el país en varios temas, pero concretamente en cuanto a la situación de inseguridad, violencia, desplazamiento y desaparición de personas.
Dijo que Santana Ángeles reconoció que encontraron una situación “mucho más grave de la que se imaginaban”, y que concretamente en el caso de los desplazados de Leonardo Bravo se requiere de un diagnóstico para poder diseñar estrategias diferentes de acuerdo a cada situación.
Mientras tanto, la tarde del jueves en el conversatorio en el que participaron los senadores Álvarez Icaza y Salgado García, llegaron a la conclusión de que “esta confluencia de grupos de varios estados está creando la posibilidad de crear un espacio de víctimas de desplazamiento forzado a nivel nacional”, informó Olivares Hernández.
Contó que allí permeó la propuesta de que se cree una ley general para prevenir y atender el desplazamiento forzado en la que se reconozca como un delito, porque actualmente esta figura no existe en los códigos penales, “y por lo tanto es difícil presentar una denuncia ante los ministerios públicos por el desplazamiento”, explicó.
Agregó que la intención es que haya sanciones contra quien resulte responsable, “porque finalmente encontramos desplazamientos desde motivos religiosos, partidistas, político-electorales, por violencia después de alguien sufrió el asesinato o la desaparición de algunos de sus familiares, o desplazamientos por el control del territorio, como es el caso de Leonardo Bravo”.
Añadió que a pesar de que son muchas las causas de los desplazamientos en la mayoría de los casos tiene que ver la omisión de las autoridades, “por eso tiene que haber una ley general integral y que contemple todas las causas del desplazamiento forzado”.