Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del estado de Guerrero con residencia en Acapulco, del Poder Judicial de la Federación, vinculó a proceso a la activista Kenia Inés Hernández Montalván, en el cierre de la primera prórroga constitucional, que se desarrolló el sábado.
Continúa detenida en el Centro Federal de Readaptación Social 16, en Coatlán del Río, Morelos, confirmó su abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque.
En consulta telefónica, indicó que este lunes habrá una conferencia de prensa virtual para informar los pormenores de su situación legal.
Por separado, fuentes extraoficiales indicaron que después de la detención de la luchadora social el 18 de octubre, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, le retiró las medidas cautelares que le había otorgado por su exposición a riesgos en Guerrero.
Por otro lado, activistas denunciaron en redes sociales el desalojo del plantón que se instaló frente a la Fiscalía General de la República (FGR), desde el 26 de octubre por la libertad de la guerrerense.
En un mensaje de Facebook, detallaron que a las 8 de la mañana los integrantes del campamento fueron rodeados por agentes de la FGR que llegaron en camionetas, “les arrebataron (a los manifestantes) sus pertenencias y destrozaron sus casas de campaña, los oficiales incluso golpearon a sus bebés; por lo que tuvieron que huir”.
Con un pronunciamiento, 17 organizaciones del estado y del país denunciaron su preocupación por el hostigamiento y persecución a disidentes desde gobiernos locales, “con la complicidad de medios de comunicación y empresarios inmorales y corruptos, y la indolencia y pasividad del gobierno federal”.
En particular, por la segunda detención de Hernández Montalván, el 18 de octubre, por los presuntos delitos de robo y extorsión.
Aseguraron que el problema de fondo es el carácter combativo y crítico que activista asume en defensa de mujeres violentadas, y en solidaridad con movimientos y organizaciones feministas, campesinos, populares, ambientalistas.
Recordaron que fue asesora de la Policía Comunitaria de Casa de Justicia de Cochoapa, municipio de Ometepec, y trabajó por la unidad de todas las casas de justicia.
Es fundadora de organizaciones sociales, como el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molppeg) en septiembre de 2018, y contra el encarcelamiento de integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec. Destacaron que consiguieron la libertad de sus compañeros con acciones coordinadas de protesta y lucha jurídica.
Advirtieron que por estas luchas los integrantes del Molppeg, “han estado en mira represiva del gobierno de Guerrero”, como Arturo Campos Herrera y Valentín Hernández Chapa, de la región de Costa Chica.
Recriminaron que actores sociales nieguen o regateen el carácter de luchadora social a Kenia Hernández, “haciéndose cómplices de la campaña de criminalización emprendida por el gobierno”.
Convocaron a los organismos internacionales y nacionales, públicos e independientes de derechos humanos a documentar y denunciar el carácter político de su detención, así como de los integrantes del Colectivo Libertario Zapata Vive.
Firman el Molppeg, el Frente Popular de la Montaña, CETEG Montaña Alta, Colectivo El Grito, Consejo de Pueblos Organizados de Ayutla, Asociacion Cívica Nacional Revolucionaria, Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, Movimiento Urbano Popular de Iguala, Fundación Lucio Vive, Organización Popular Independiente de Guerrero, la OPIG CNPA-MN, Instituto de Desarrollo Humano Fray Servando Teresa de Mier, Centro de Formación Política Juan R. Escudero, Coordinadora Cívica San Luisteca, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias. Y comités de Enlace de CRAC de Tecoanapa, Dos Ríos y Cochoapa El Grande. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).