Luis Daniel Nava

Chilpancingo

Una jueza federal vinculó a proceso por portación de armas de fuego a los cinco policías comunitarios de Xalpatláhuac de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Malinaltepec, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) detenidos el 17 de febrero en Tlapa.
Los policías vinculados a proceso son los comandantes Juan Simón Melgarejo y Teodoro Francisco Dircio Simón, así como los policías Leobardo Rosendo Gabino Gómez y Pedro Javier Álvarez Villareal, quienes enfrentarán el proceso en el penal de Chilpancingo.
Además, Agustín Vitinio Montes de 78 años, a quien le dictaron prisión domiciliaria y estará en Xalpatláhuac.
La audiencia se celebró ayer en la tarde en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Acapulco. Los imputados y su abogado de oficio se enlazaron vía remota desde el reclusorio de Chilpancingo.
A las 4:20 de la tarde una jueza federal determinó vincular a proceso a los cinco policías de la CRAC-PC detenidos en Tlapa la media noche del domingo, y trasladados el lunes a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo.
“El juez los vinculó, de acuerdo con la información que nos proporciona el abogado de oficio, lo que significa que van a agotar el proceso dentro del reclusorio privados de la libertad”, informó el abogado de la CRAC-PC, Rogelio Téliz.
“Ellos van a permanecer en Chilpancingo donde están recluidos, y uno de ellos tiene prisión oficiosa a domicilio y estará en Xalpatláhuac”.
Aseguró que continuarán la defensa de sus compañeros, detenidos de manera injusta, hasta lograr su libertad.
El domingo 16 en la noche los policías comunitarios de Xalpatláhuac pertenecientes a la Casa de Justicia de Espino Blanco, del municipio de Malinaltepec de la CRAC-PC, salieron de la comunidad de esa comunidad rumbo a Tlapa.
Ante la falta de una clínica de salud, médico y ambulancia se dirigieron hacía el hospital general de Tlapa llevando en la patrulla a una persona de la comunidad que tuvo un accidente y presentaba una fractura del cráneo.
A su regreso cuando circulaban por la carretera federal Tlapa-Marquelia fueron interceptados por agentes de la Guardia Nacional que los detuvieron porque portaban armas, y los  trasladaron a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo.
Las autoridades comunitarias presentaron desde un inicio pruebas para acreditar que fueron electos en asamblea y que su salida del pueblo fue para prestar un servicio comunitario y humanitario ante una emergencia, y la falta de servicios médicos en la comunidad.
Las pruebas no fueron valoradas por el Ministerio Público que consignó a los policías comunitarios a un juez federal.
La CRAC se ha movilizado para exigir la libertad de los detenidos, con entrega de volantes en la Montaña y el cierre de vías en Acapulco.
Este hecho se da en el contexto de una serie de movilizaciones de la CRAC-PC para solicitar a los diputados de la actual legislatura del Congreso de Guerrero, con mayoría de Morena, armonizar la reforma federal de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como reconocer su sistema de justicia comunitario.
En la noche en su página de Facebook el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan consideró el auto de vinculación a proceso de los policías de la CRAC-PC, como una franca violación a los derechos de los pueblos indígenas.
Indicó que una jueza ignoró que los tratados internacionales, así como el marco constitucional y legal reconocen a la Policía Comunitaria de las comunidades indígenas y afromexicanas.
“La constitución local y la Ley 701 reconocen expresamente la labor de prevención del delito y coordinación con las autoridades estatales”, publicó.
Agregó que la constitución federal reconoce la jurisdicción indígena, la libre determinación y autonomía de los pueblos para resolver sus conflictos internos.
“Si el marco jurídico reconoce a la Policía Comunitaria y la labor de prevención del delito, ¿por qué se les prohíbe portar armas? Sería tanto como exponerlos ante los grupos delictivos que generan violencia en el estado de Guerrero.
“Estas circunstancias fueron soslayadas por la Jueza violando los derechos de los pueblos indígenas y criminalizando a la CRAC-PC”, expresó el organismo de derechos humanos.