En el 39 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz resaltó que los megaproyectos de la presa hidroeléctrica La Parota y las concesiones mineras en la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, son dos casos en los que se viola el derecho a la consulta, consentimiento, libre determinación y territorio de las comunidades indígenas de Guerrero.
Presentó un informe ayer durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, que se transmitió vía Internet, en el que visibiliza con estos dos casos el problema que se enfrenta en Guerrero y que viola los derechos de los pueblos indígenas en la entidad.
En el documento presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la relatora advierte que la lucha contra los megaproyectos, la defensa de los territorios y recursos naturales, “aumenta el riesgo de violencia y criminalización”, lo que ha generado que varios dirigentes indígenas se encuentren encarcelados “a pesar de sentencias judiciales que han ordenado la suspensión de los proyectos o de medidas de protección otorgadas por organismos internacionales”.
Asimismo advierte el uso de la criminalización y judicialización con el objetivo de “disuadir la articulación y oposición a los megaproyectos”. Además, manifiesta que la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas “debe ser un tema prioritario que requiere una debida reglamentación, conforme el derecho internacional”.
El informe que la relatora entregó ayer al consejo de la ONU fue hecho público por primera vez el 9 de agosto pasado, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y su contenido es parte de la problemática que la relatora recogió durante su visita a Guerrero en noviembre de 2017.
Durante su visita se reunió en la comunidad nahua de Tlatzala, municipio de Tlapa, con alrededor de 300 indígenas nahuas, me’phaa y na savi de La Montaña y Costa Chica.

Agentes estatales creaban padrones en el caso de La Parota

Uno de los casos retomados en el informe de la relatora es el del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) contra el megaproyecto hidroeléctrico La Parota.
La relatora refiere que “agentes estatales convocaban a asambleas agrarias o creaban padrones de comuneros para facilitar la apropiación de tierras comunales para los proyectos”.
Agrega que a pesar de que los comuneros han manifestado su negativa, “los gobiernos estatal y federal mantienen su intención de realizarlo, pese a que causaría desplazamientos e impactos a tierras y a recursos naturales tradicionales de las comunidades indígenas afectadas”.
Durante su visita a Guerrero el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui le informó a Victoria Tauli-Corpuz la prevalente criminalización y judicialización contra integrantes de la organización y contra él mismo.
Casi dos meses después de su visita Marco Antonio Suástegui y 24 integrantes más del Cecop fueron detenidos, mientras tres integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitarias (CRAC-PC) y del Cecop fueron asesinados en la comunidad de La Concepción, el 7 de enero de 2018.
En el documento presentado ayer menciona que los pueblos que se oponen a dicho proyecto han sido blanco de diferentes tipos de agresiones, criminalización y judicialización, y que estos ataques tendrían como objetivo disuadir toda articulación y oposición al megaproyecto.
En ese contexto la relatora resalta ese caso y el de las concesiones mineras en San Miguel del Progreso, como “megaproyectos que versan sobre la violación al derecho a la consulta, consentimiento, libre determinación y territorio de las comunidades indígenas”.
En estas sesiones del consejo de la ONU, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informó que este 20 de septiembre se realizará el foro: Defender el territorio en México en el que estará la Victoria Tauli-Corpuz y representantes de la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT).