María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

“Ayúdenos para que nuestro sentir sea escuchado”, dijo una mujer a los integrantes del Servicio Internacional de Paz (Sipaz), que se reunieron con las familias desplazadas por la violencia de la sierra en el centro de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo.
La mañana del sábado, los dos integrantes del Sipaz —que el miércoles pasado visitaron a los presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) en Acapulco— dialogaron con las familias para documentar cómo fue el desplazamiento de sus comunidades y saber en qué condiciones se encuentran actualmente.
En el lugar algunas familias manifestaron que la principal exigencia al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, es que cumpla con proporcionarles seguridad en tres puntos de la sierra.
De esa manera buscan garantías de seguridad y evitar que el grupo armado que está en sus comunidades ingrese a la cabecera municipal (Chichihualco) donde actualmente habitan en casas rentadas.
En su intervención, el representante de los desplazados, Crescencio Pacheco, explicó a los activistas lo que originó que abandonaran sus comunidades, y que además se refugiaron durante más de cinco meses en el auditorio de Chichihualco.
Informó que recientemente el gobierno federal se comprometió con otorgarles un presupuesto económico para que paguen la renta de 73 familias y su despensa para tres meses.
Sin embargo, agregó que continúan durmiendo en el suelo, algunos en colchonetas, no tienen electrodomésticos para hacer su comida, es decir que viven en la precariedad.
El representante manifestó que recientemente se enteró de que el grupo armado que entró a sus localidades comenzó a destruir las viviendas de los desplazados para construir sus propias casetas que utilizan como filtros de seguridad.
“No se vale que hagan eso con nuestros hogares porque el gobierno estatal y federal está en la zona. Lo que pedimos es justicia, que se nos escuche y que las autoridades den solución porque no podemos esperar más tiempo”, indicó.
Crescencio Pacheco dijo que ya se acerca la temporada de siembra, pero por falta de solución para su retorno prevén que este año sus tierras no sean sembradas y que las utilice el grupo armado.
Las mujeres desplazadas, manifestaron que la principal preocupación es la seguridad y si el gobierno federal y estatal no la garantiza no podrán retornar a sus hogares.
Además externaron que los niños y jóvenes han perdido dos ciclos escolares y que probablemente pierdan otro el 2018-2019.
Precisaron que las autoridades estatales y de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) sólo enviaron maestros del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), pero que el aprendizaje no es el mismo.
Dijeron que en servicios médicos, están aparentemente bien, son atendidos en centros de salud y se les otorgan medicamentos, pero que no han sido atendidos psicológicamente y que es algo importante para los menores de edad.
En el lugar, también los desplazados de Tlaltempanapa, Zitlala informaron de la situación en la que se encuentran las familias.
Al finalizar la reunión, uno de los activistas, Tommy Van Stzanten, informó que les preocupa la situación de los desplazados porque los niños y jóvenes han perdido dos ciclos escolares y que probablemente pierdan otro el 2018-2019.
Manifestó que además les inquieta saber que este año los campesinos probablemente no podrán sembrar sus tierras por inseguridad.
El enviado del Sipaz, destacó que ven una respuesta positiva y algunos avances del gobierno federal, sólo faltaría garantizar la seguridad que les prometieron para que retornen a sus hogares.
La coordinadora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra informó que el viernes se reunió con el director del Centro de Atención a Víctimas, Roberto Villanueva, quien le informó que los recursos para despensas de los desplazados se les depositarán antes del 15 de mayo, y 10 días después lo de la renta, mientras buscan los mecanismo para garantizar el retorno.