El temor es la marca en la población nahua de Quetzalcoatlán de las Palmas, donde quedan unas 40 personas, que habían sido desplazadas por la violencia y volvieron a sus casas pese a los riesgos de otro ataque de un grupo armado de Tlatempanapa, autodenominado Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia.
El 6 de enero de 2016 y el 13 de julio de este año hubo ataques dirigidos a sus habitantes, primero en sus viviendas de paredes de palo y techo de palma, con un saldo de seis muertos, después en Zitlala, a un grupo de vecinos que esperaba transporte para volver a la comunidad “pensando que la situación ya se había tranquilizando”, reconoció un sobreviviente.
En la segunda agresión fue asesinado Benigno Marabel Tlatempa, y fue herido con una bala en la cabeza Salomón Lara Tlatempa, que sigue en recuperación fuera de la localidad. Román “N” indicó que antes de dispararles, los agresores se acercaron para preguntar sus nombres y de dónde venían. También dispararon dos veces contra él por la espalda en el momento en que huyó, ninguna bala le dio.
El censo de INEGI de 2010 indica que la localidad tenía tenía 38 casas habitadas y una población de 211 personas, de las cuales 53 por ciento eran analfabetas y 62 por ciento no terminaron la primaria. También es sede del ejido de Quetzalcoatlán, el patrimonio más valioso de los residentes, colindante con los bienes comunales de los municipios de Zitlala y Copalillo, entre la zona Norte y Montaña del estado.
El comisario informó que el censo actual es de 70 personas, incluidos niños, sin embargo, uno de los dos grupos de la Policía Estatal que se encuentran en el sitio como medida cautelar solicitada por las Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, calculó que ya no llegan a 40 personas.
El viernes a una reunión con integrantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en la iglesia de San José, llegaron 20 adultos, hombres y mujeres, que resolvieron quedarse a vivir en su pueblo y solicitar la ampliación de las medidas cautelares para la población, no obstante que los hombres no tienen libertad de salir a vender palma, una de las actividades en que se ocupan para obtener recursos.
Asimismo, se informó que los cinco niños egresados de la escuela primaria este ciclo escolar no seguirán sus estudios, porque no pueden viajar a Tlapehualapa, donde les niegan los servicios, posiblemente para no tener problemas con el grupo armado de Tlaltempanapa, tampoco los pueden enviar a la cabecera municipal, que los obliga a cruzar los dos poblados de Zitlala.
Incluso, se mencionó que en el poblado de Tlalcozotilán, de lado de Copalillo, los vecinos de Quetzalcoatlán tampoco son bien recibidos por reservas de los pobladores a verse inmiscuidos en un conflicto con el grupo Paz y Justicia de Tlatempanapa.
En Tlatempanapa como Tlalcozotitlán –que dejan en un punto medio a Quetzalcoatlán–, hay destacamentos militares vigilando permanentemente.
Desde su aparición en mayo de 2015, en una incursión en Chilapa, donde el grupo Paz y Justicia desarmó a la Policía Municipal, se relacionó a éste con la banda de narcotraficantes Los Ardillos, que tienen sede en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango en la región Centro.
Existe una pugna de Los Ardillos con la banda de Los Rojos, los últimos que tuvieron presencia unitaria en Chilapa y Zitlala, hasta la pelea por el territorio.
Para el Centro Morelos, particularmente los hombres de Quetzalcoatlán están en riesgo de nuevos ataques, porque al tener familiares asesinados, en Tlatempanapa pueden pensar que los parientes cercanos o los hijos, al alcanzar la mayoría de edad, podrían tomar venganza.
El director del Centro, Manuel Olivares Hernández, recordó que tras el ataque del 6 de enero había 34 familias de Quetzalcoatlán, 12 buscaron refugio en Zitala, durante un año antes de volver a su localidad. Otros se fueron a los campos de Sonora a trabajar como jornaleros agrícolas.
En el pueblo, un adulto mayor informó que regresó con otros vecinos hace un mes de Sonora, tras ocho meses de la temporada de cosecha de chile, pepino y tomate. Confirmó que otras familias se quedaron y no hay certeza de que regresen porque en aquella región tienen trabajo seguro todo el año.
El único de los hombres que durante la reunión no dejó de tejer la cinta de palma (actividad ordinaria de las mujeres de comunidades marginadas de la región), aclaró que él regresó a Guerrero porque aquí puede disfrutar de un clima fresco de su tierra, y en los campos agrícolas el calor del norte es insoportable.
En tanto las mujeres, colocadas en el lado contrario de los varones, estuvieron atentas a la reunión al interior de la fresca iglesia de adobe tejiendo cintas de palma. Con el apoyo de una traductora, contaron que ellas sí pueden salir cada dos meses a cobrar el apoyo del programa federal de Prospera a Tlapehualapa, que los policías estatales las han trasladado hasta el pueblo vecino para hacer el cobro.
Pero el subsidio del programa federal y la venta de la cinta de palma por 8.5 pesos por cada 20 metros de largo, son hoy los únicos ingresos del poblado, insuficientes para las necesidades básicas.
Se observó que este año volvieron a sembrar maíz en las parcelas más cercanas al poblado, y las viviendas se congregaron en el centro de la localidad. La mayoría de las casas de las orillas siguen vacías desde la primera agresión.
Lo únicos vehículos que entran al poblado, ubicado en una rama secundaria de la carretera que va de Copalillo a Zitlala, Huamuxtitlán y Puebla, son el comprador de las cintas de palma y el vendedor de pollos, además del maestro de la primaria que llegaba uno o dos días a la semana a dar clases.
Todos los demás son vistos con desconfianza desde atrás de los tecorrales hasta que son plenamente identificados por los pobladores y los policías estatales que están de guardia.
Por separado, Olivares Hernández informó que en varias ocasiones han hablado con los vecinos que volvieron en calidad de desplazados a su localidad, para que valoren la posibilidad de salirse, porque nadie puede garantizar el tiempo que puede continuar la situación de (guerra) de los grupos (armados)”.
Opinó que la gente “no ve clara la propuesta de compensación del gobierno para reubicarlos en otro lado, tampoco está dispuesta a salirse de su tierra, a la que tienen arraigo”, recordó que desde la cosmovisión indígena la tierra tiene un valor intrínseco incalculale.
Adelantó que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero ya solicitó al gobierno la ampliación de medidas cautelares que incluyen el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación de los pobladores.
Los datos de INEGI indican que de 38 viviendas, 47 por ciento no cuentan con sanitarios, ninguna con agua potable, 81 por ciento no dispone de refrigerador, pero de 2005 a 2015, la mayoría de las casas de bajareque pasaron de 96 por ciento con piso de tierra, al 15 por ciento.
A la fecha, siguen esperando que se repare un tanque de agua que se construyó en 2013, que ese mismo año quedo averiado por las afectaciones de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, y que nunca ha sido utilizado, no obstante que opera por gravedad.
Indicaron que antes de los ataques, ingenieros del Ayuntamiento hicieron revisiones del taque que se encuentra a la intemperie, colocaron una malla que no sirve para mantener alejados a animales que caen en él, y que los tubos instalados en un manantial fuera del ejido, no han podido ser conectados por el riesgo de otra agresión.
Aclararon que no tienen comunicación con el alcalde de Zitlala, que en una sola ocasión después del atentado, el sacerdote acudió a la localidad en abril, y una joven que terminó la secundaria tiene a su cargo una dotación de medicinas, como sueros antialacrán, para aplicarlos en caso de emergencia.
El jardín de niños, con siete alumnos, no está operando por falta de maestro, y la primaria con nueve estudiantes, tampoco tiene servicio regular.
En general, los pobladores dijeron que no entienden porqué la saña del grupo de Tlatempanapa contra los de Quetzalcoatlán, incluso, imaginaron que pasado el tiempo podrían recuperar sus vidas y fueron a Zitlala a realizar trámites de programas de apoyo social, rodeando las poblaciones para evitar una confrontación.
En la salida de Zitlala, fue asesinado Benigno Marabel Tlatempa, quién fue enterrado en las tierras del ejido porque las autoridades de Tlapehualapa se negaron a permitir la inhumación en su cementerio, a pesar de que ahí tenían este servicio los pobladores de Quetzalcoatlán. Los familiares se negaron a sepultarlo en Zitlapa, por la imposibilidad de llevarle flores en medio de esta conflicto. Esperan que el Ayuntamiento apoye la creación de un cementerio en sus tierras.
Extraoficialmente, se sabe que el origen del conflicto es que Quetzalcoatlán se negó a formar un grupo de policías comunitarios por la Paz y la Justicia, y la interpretación del suceso fue que los pobladores eran parte del grupo contrario. Hoy, la comunidad indígena está aún más vulnerable.