José Miguel Sánchez

Chilpancingo

A un año de que la actual 64 legislatura inició los trabajos para la creación de una Ley en Materia de Desaparición de Personas, el Congreso local, dominado por Morena, aún no la ha presentado, a pesar de ser una exigencia de los colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos.
Desde el 2018, colectivos han exigido dictaminar una iniciativa en materia de desaparición de personas; incluso en las dos legislaturas pasadas se presentaron dos propuestas que no fueron aprobadas por el pleno.
Una de las principales exigencias es que tanto la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) sean un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, y la creación de un centro de identificación humana.
El 12 de marzo del 2025, después de varias protestas de colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos, el Congreso accedió a instalar una mesa de trabajo para la redacción de una ley en la materia.
En las 19 mesas de trabajo participaron diputados locales, funcionarios del gobierno estatal, colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos, que concluyeron con un documento, el cual no se ha presentado al pleno para su análisis y votarlo en el pleno.
A pesar de que la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Araceli Ocampo Manzanares, de Morena, informó a finales de 2025 que para la creación Ley en Materia de Desaparición de Personas, y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas destinó un presupuesto de 43 millones de pesos para la creación de un Centro de Identificación Humana, la Ley no ha se ha emitido.
El problema presupuestal era uno de los motivos por los que la ley estaba detenida, pues una exigencia de los colectivos de búsqueda era la creación de un Centro de Identificación Humana, el cual necesitaba recursos para operar, y por el que los diputados se detenían a la hora de incluirlo en la iniciativa.
El tema en donde están detenidos y que aún revisa la Consejería Jurídica del gobierno del estado es la propuesta de los colectivos que piden la autonomía de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
Desde 2018 colectivos de búsqueda y madres buscadoras presentaron la primera iniciativa, y a la fecha han pasado por el Congreso local dos legislaturas, dominadas por Morena, y la vigente, que han ignorado las propuestas y las exigencias que impulsaron familiares de desaparecidos.