La evaluación del desempeño del Servicio Profesional Docente sólo fue voluntaria para los maestros que presentaron el examen en el 2016, este año se aplicará de manera obligatoria en los niveles básico y medio superior, dice el investigador de la facultad de Economía, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Martín Rodríguez Rodríguez.
Martín Rodríguez acudió al plantel 1 del Colegio de Bachilleres (Cobach), ubicado en Chilpancingo, para instruir a integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Cobach (Sutcobach) respecto de la defensa de sus derechos labores, ante la aplicación de la reforma educativa y la evaluación del Servicio Profesional Docente.
Durante su presentación el investigador de la UNAM dijo que la inestabilidad de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) repercute en la defensa de los derechos laborales de los empleados en el sector.
El Sutcobach implementó un taller de defensa de los derechos laborales de los trabajadores del nivel medio superior. Al respecto, Martín Rodríguez dijo que las afectaciones de la evaluación es que “en el mejor de los casos”, si los maestros resultan no idóneos para la labor docente en las tres oportunidades que las autoridades otorgan a los maestros, cambiará su tabulador salarial y serán enviados al área administrativa, según el artículo transitorio de la ley general del Servicio Profesional Docente.
Sin embargo, si sus resultados son “insuficientes” lo que procede es el despido de manera definitiva, “no hay una reformulación, adecuación, el impacto es severo para las condiciones de los trabajadores”.
Dijo que en el caso de nivel medio superior, hay maestros de base y otros que cuentan con contratos recurrentes con los que “han logrado la permanencia”, pero no son una garantía; mientras que hay otros que quedan como interinos, debido a su antigüedad.
Señaló que la ley general del Servicio Profesional Docente, no toma en cuenta a la ley federal del trabajo que establece que a los 20 años de antigüedad de un trabajador, “el patrón” está obligado a no terminar la relación laboral, “siempre y cuando” no haya motivos de rescisión.
Precisó que hay incongruencias entre una ley y otra, pues los profesionistas como médicos, abogados y contadores se preparan para desempeñar sus funciones y no se les requiere una certificación adicional a sus títulos, “el problema es que la cantidad de docentes en todo el país es tan grande e involucra tanto presupuesto, que hay que buscar un mecanismo que permita desvalorizar esa fuerza de trabajo, hacerla más barato”.
Puntualizó que con procesos de certificación “de estilo”, como la evaluación del Servicio Profesional Docente, se pierde dinero.
Dijo que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) estableció que la evaluación fuera voluntaria para el proceso de noviembre de 2016, “para lo docentes que obtuvieron resultados insuficientes en la evaluación de 2015 y para aquellos que aspiren a ser evaluadores certificados”, o bien, que busquen promoverse a cargos de directores, supervisores y jefes de sector.
Sin embargo, en diciembre del año pasado, en la calendarización de las evaluaciones a aplicarse este año, el INEE estableció que quienes no fueron atraídos para los procesos de 2015, que fue obligatorio, y 2016, voluntario, forman un tercer grupo que “tiene obligación de evaluarse”.
Relató que el proceso de notificación y registro de los maestros que presentarán la evaluación del desempeño concluyó el 30 de junio pasado, y para ello, las autoridades enviaron correos electrónicos a los docentes mediante los cuales proporcionaron una clave de usuario, con la que presuntamente recibirían información sobre el examen, pero en realidad con ella quedaron registrados para participar.
Manifestó que lo que se debe entender es que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el INEE “están regresando a buscar utilizar el cumplir una norma de carácter cuantitativo”, bajo ese mecanismo se hizo una selección de maestros a evaluar indiscriminada, violentando sus derechos.
Dijo que este tipo de notificaciones no son válidas, pues los maestros debieron haber firmado un documento en el que aceptaran recibir el documento de manera electrónica, el cual no existe, pero las autoridades “abusan de la buena fe de las personas, porque ellos quieren información de la evaluación (no registrarse)”.
Puntualizó que las evaluaciones que se llevaron a cabo la primer quincena de este mes fueron de permanencia y de promoción, pero la del desempeño se llevará a cabo entre octubre y noviembre próximos.
Dijo que los maestros del Cobach que impartan más de una materia, recibirán notificación para evaluarse de acuerdo con su desempeño docente, por lo que es necesario que no se acepten las notificaciones y se exija el respeto a los derechos laborales. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).