En una sesión extraordinaria, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) se declaró en sesión permanente y acordó reunirse “donde haya condiciones de seguridad para los consejeros”, ante la situación de violencia en el estado.
El Consejo aprobó la publicación de un pronunciamiento en contra de la violencia e inseguridad en el estado, con el que la UAG exigirá a los gobiernos municipales, estatal y federal, garantías para la sociedad, así como el esclarecimiento del asesinato de trabajadores administrativos, académicos y estudiantes de la máxima casa de estudios del estado.
Durante la sesión, el rector Javier Saldaña Almazán les tomó protesta a 50 directores generales, coordinadores, directores y jefes de departamento, que integrarán la administración central 2017-2021, y a 192 consejeros universitarios electos el 25 mayo.
La sesión se llevó a cabo en la Rectoría, se transmitió en vivo mediante una pantalla que fue colocada afuera del auditorio, la cual se interrumpió por órdenes de Saldaña Almazán cuando anunció que había, “un tema delicado, sobre impuestos”.

Forman una comisión para conocer los problemas de inseguridad

En el primer punto del orden del día, informe general, Saldaña Almazán recordó que han ocurrido secuestros, extorsiones, secuestros y asesinatos de universitarios. Contó que un día antes de la sesión, el jueves, se reunió con un grupo de la UAG que le pidió que planteara una propuesta para manifestarse en contra de la violencia, por lo que se conformó una comisión especializada que “no va a perseguir delitos”, sino que hará una intervención, grupos focales por escuela, para conocer los problemas particulares.
El rector propuso la elaboración de un pronunciamiento para exigir a los gobiernos municipales, estatal y federal, que garanticen la seguridad, que se publicará en los medios de comunicación el lunes.
“Luego me dicen ‘rector, ¿por qué no encabezas tú las marchas?’, muchas veces son situaciones que están más allá de poder atenderlas, o poder darle seguimiento a una situación más allá de una marcha, son cosas de fondo”, expresó.
Saldaña Almazán pidió al consejo que, “dadas las circunstancias y momentos que hemos vivido, que en ocasiones tenemos que sesionar en diferentes lugares por el tema de inseguridad, que podamos declarar en sesión permanente el Consejo Universitario y también, que pudiera sesionar donde haya las condiciones de seguridad para ustedes (los consejeros)”, su propuesta se aprobó por unanimidad.
Por otra parte, el consejo aprobó la entrega de una indemnización para las familias de los universitarios que han sido asesinados de septiembre de 2016 a mayo de 2017, los cuales según un reporte con el que cuenta la UAG son 20 en el estado; el apoyo podría ser de 5 mil a 10 mil pesos, según lo permitan los recursos de la institución.

Auditorías revelan irregularidades

Saldaña Almazán informó que a la UAG se le han aplicado 11 auditorías, internas y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por las que recientemente se detectó que el director de la Escuela Superior de Antropología Social, de quien no precisó el nombre, trabajaba como profesor de tiempo completo en otra universidad, por lo se le pidió que presentara su renuncia.
Dijo que “quien quiera estar en la UAG tiene que estar al 100 por ciento, no podemos permitir que la sigan viendo como una segunda o tercera opción”; añadió que analizó la situación de la Escuela de Antropología y resultó tener uno de los costos por alumno más altos, además de que sólo entregó seis fichas de nuevo ingreso.
Ante tal situación, se facultó al consejo por unanimidad para que designe a un nuevo director para la Escuela Superior de Antropología Social y que la Comisión Académica haga un estudio para reorientar la institución, para evitar que se cierre.
Por otra parte, expuso que en su rectorado “más por convicción que por recursos” se otorgaron becas de trabajo, deportivas y culturales, pero la ASF detectó que “en algunas áreas se han depositado cheques de becarios a cuentas de algunas personas, o bien del líder del teatro o jefe del área”.
Mostró ante los consejeros una lista de los implicados en las irregularidades, que “no se las mostramos personalmente” por secrecía, pero es una prueba de “personas” que se han depositado cheques de becarios, principalmente en el área de Extensión y Deportes, “y alguno que otro funcionario de la administración pasada”.
Ante la situación, el consejo aprobó que se haga una auditoría en las áreas correspondientes, que los implicados repongan los recursos que desviaron y mientras se resuelven los casos, se les suspenderá el pago salarial.

Aprueban el dictamen de la Comisión Electoral

Los consejeros aprobaron en lo general por mayoría, y en lo particular por unanimidad, el dictamen que expuso la Comisión Electoral, donde se dio a conocer que se registró en el 94 por ciento de las escuelas al menos una planilla de unidad y que sólo en seis escuelas hubo más de una fórmula en el proceso de elección de consejeros universitarios y académicos.
Antes, los consejeros reclamaron a la Comisión Electoral, que coordina Rafael García Mencía, que informó que el 25 de mayo las elecciones se llevaron a cabo de manera tranquila y que las casillas se instalaron de manera puntual, ya que la realidad fue que la papelería no llegó completa a las escuelas, lo que ocasionó un retraso en el proceso.
García Mencía informó que la empresa que la Comisión Electoral contrató para la impresión de la papelería de las elecciones, no cumplió con lo requerido, ya que debía entregar los formatos el 24 de mayo, pero los envió incompletos, aunque no mencionó el nombre de la empresa involucrada.
En cuando a los casos especiales de la Facultad de Filosofía y Letras de Chilpancingo y del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA), el Consejo determinó que el próximo jueves 8 de junio, se llevarán a cabo las elecciones sin hacer campaña en ninguno de los días previos a la votación.
En Filosofía y Letras se registraron dos planillas para consejeros académicos, las cuales empataron en la votación, por lo que se repetirá la elección; mientras que en el IIEPA, las elecciones se suspendieron por falta de condiciones.
Al término de la sesión, sobre por qué pidió que se interrumpiera la transmisión en vivo, Saldaña Almazán dijo, “lo que pasa es que hay un tema sobre el pago de ISR que (la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) están requiriéndonos personalmente, a mí ya me lo hicieron, todos tenemos que pagar, entonces hay que buscar una estrategia con el Consejo para que no salgan afectados los trabajadores, eso fue nada más, no es algo extraordinario”.