Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El Consejo Universitario aprobó la expulsión de un trabajador administrativo de la Facultad de Derecho de Acapulco que pidió dinero a estudiantes a cambio de expedir certificados y títulos.
Durante este viernes se realizó una sesión extraordinaria virtual, a la que asistieron 172 consejeros, presidida por el rector Javier Saldaña Almazán, quien informó que hay una investigación abierta en contra de trabajadores de Servicios Escolares que “alteraban y vendían certificados”.
En la sesión, el coordinador de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Carlos Valencia Gutiérrez, explicó que las egresadas de la Facultad de Derecho de Acapulco, Karla “N”, Guadalupe “N” y Brenda “N” denunciaron ante la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Zona Sur “presuntas irregularidades” atribuidas al responsable del área de Control Escolar, Ángel “N”.
Luego de una investigación “se comprobó que el trabajador recibió cantidades de dinero provenientes de las alumnas y egresadas, para la realización de trámites institucionales relacionados con certificados, títulos y titulación expedita”.
También determinó la terminación de la relación laboral con los efectos legales que corresponden en la normativa universitaria. Añadió que Ángel “N” fue notificado de la resolución jurídica “de manera personal”, por lo que pidió al Consejo Universitario ratificar su expulsión, la cual se aprobó por unanimidad.
El rector dijo que no se trata de un tema sólo de Ángel “N”, pero la ventaja de que ahora los trámites sean digitales es que se pueden detectar las irregularidades.
Reveló que hay más de 200 documentos legales, pero se recibió dinero de los estudiantes a cambio de realizar los procesos administrativos, por lo que se les da seguimiento a “muchos casos” de la administración del ex rector José Alfredo Romero Olea y la anterior, del propio Javier Saldaña.
“Está en curso una investigación porque se alteraban y se vendían certificados”, subrayó. Además, en el área de salud había estudiantes con materias reprobadas, pero los trabajadores de Servicios Escolares “los pasaban y los titulaban o les alteraban la calificación, y ese proceso está pendiente”.
Advirtió que si algún funcionario comete un error, como rector es su facultad y su obligación “suspenderlo y sancionarlo”, de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo y al marco legal vigente de la UAG.
El rector también destacó que se mantiene la prohibición de las clausuras, sin embargo, si los estudiantes y maestros quieren hacer una ceremonia, que la hagan, “pero no con recursos de la universidad”.
El Consejo Universitario también aprobó que la Preparatoria 31, con sede en Huamuxtitlán, lleve el nombre de su asesor, José Fernando Jiménez Medina; mientras que el Campus de Costa Chica, ubicado en Cruz Grande, llevará el nombre del luchador social Bertoldo Martínez Cruz, quien falleció en mayo de 2016.
Javier Saldaña se refirió a Fernando Jiménez y a Bertoldo Martínez como “los mejores hombres que he conocido en mi vida”.
Puntualizó que Bertoldo Martínez “nunca pidió nada para él, siempre para los chavos, siempre para los pueblos, siempre para los demás. Nunca se agandalló de su posición social, es de los que, la verdad, valen oro esos hombres”.
Además rindieron protesta los consejos de las unidades académicas que resultaron electos para el periodo 2026-2028, también se aprobaron actualizaciones de programas de estudios y la creación del doctorado en Pedagogías Críticas, adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras; la maestría en Derechos Humanos, de la Facultad de Derecho, y la maestría en Economía en el Sector Público, en la Facultad de Ciencias Económicas, entre otros.