Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El académico y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Abundio González Reyes, denunció que la administración central de la institución no ha cumplido “al cien por ciento” con la minuta firmada el miércoles pasado.
González fue señalado por el rector Javier Saldaña Almazán como uno de los diez profesores que estudian y trabajan en la misma institución, sin que se tenga claro su estatus, y el Consejo Universitario aprobó una investigación.
Y en abril pasado se abrió otra investigación en su contra, “por in-currir en faltas de probidad, hon-radez y actos violentos en contra del personal directivo” de la Facultad, luego de que llegó tarde a impartir una clase, pese a que se justificó con que debió acudir a una consulta médica por una infección estomacal.
Ante esta situación, el académico se declaró en huelga de hambre este miércoles 13 de mayo, pero la dio por terminada después de ser atendido por el abogado general Guillermo Girón Catalán, entre otros funcionarios y representantes del Sindicato de Trabajadores Aca-démicos de la UAG (STAUAG).
Este viernes en conferencia de prensa en la Facultad, González dijo que llegó a un acuerdo con las autoridades, “ya conciliamos, pero no se ha cumplido”.
Contó que los funcionarios le pidieron que presentara un pliego de demandas y solicitó tiempo para redactarlo, pero “no lo permi-tieron”, elaboraron a mano una minuta, sin membretes ni sellos oficiales, en la que el académico pidió una disculpa pública del rector, quien “hizo un daño a mi integridad, me causó daño moral, dañó mi reputación y puso en duda mi profesionalismo dentro de la institución”.
También solicitó que se diera por concluida la investigación en su contra y “alto total a las agresiones laborales” de parte del rector y del director de la Facultad, José Antonio Soto Sotelo, quienes “no me dan oportunidad, no me dejan desarrollarme como profesionista”.
En diciembre pasado, después de la sesión del Consejo Uni-versitario en la que Saldaña señaló a profesores que estudian y trabajan, pero que están descargados de horas laborales, González solicitó un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo.
Informó que el amparo fue por “racismo etnológico (indígena), agresión a mi familia, agresión a mi trayectoria de docente, investigador y trabajador universitario; discriminación y hostigamiento laboral, estigmatización de corrupción y daño moral”.
Señaló a la UAG, al Consejo Universitario y distintas áreas de la institución, así como a Javier Saldaña de estas acciones; a la fecha, el amparo no se ha resuelto.
Reiteró que Javier Saldaña y José Antonio Soto “me están obligando a organizarme y pedir apoyo de las organizaciones sociales, porque tengo miedo por mi integridad física”.
Añadió que a la fecha no ha sido incorporado de forma legal al STAUAG y tampoco ha recibido la recategorización que le corresponde por su grado académico.