Zacarías Cervantes

Ayahualtempa

A la intemperie, sentados en piedras y apoyados en cajas de madera, sólo protegidos por la sombra de encinos, 60 niños indígenas de secundaria en la comunidad nahua de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), toman sus clases, en un terreno baldío a la salida del pueblo.
Los gobiernos federal y estatal no les han construido su escuela, a pesar de un compromiso firmado hace seis meses con los representantes del pueblo.
El documento se firmó, informaron este miércoles las autoridades comunitarias, como parte de los compromisos de las autoridades estatales y federales para disminuir el impacto de la violencia, pues los niños no pueden salir a estudiar a otros lugares, como a la cabecera municipal, Hueycantenango, o a la ciudad más cercana, Chilapa, donde los acecha el grupo delictivo de Los Ardillos.
Los alumnos, sus padres, maestros, pobladores y las autoridades comunitarias marcharon para exigir a los gobiernos estatal y federal la construcción de tres aulas y baños, así como mobiliario, libros y material didáctico en general.
Antes de 2018, los estudiantes de secundaria salían a estudiar algunos a Hueycantenango, población vecina de Ayahualtempa, otros iban a Chilapa, que se encuentra a una hora en vehículo, pero tras la racha de violencia, con asesinatos y raptos que padecieron en este pueblo, los padres evitaron que sus hijos salieran del pueblo.
El integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Antonino Toribo Gaspar, informó que el 12 junio del año pasado, autoridades federales y estatales firmaron una minuta en la que se comprometieron a atender de manera integral e interinstitucional el problema de seguridad pública, social y educativa en esa comunidad.
Firmaron la minuta la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Mari Carmen Cabrera Lagunas; el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y la presidenta municipal, Orquida Hernández Mendoza; así como el fiscal regional de la zona Centro de la Fiscalía General del Estado, Arturo Pedro Fabian; el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Jesús Ulises Adame Reyna, y el subsecretario de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Mario Alberto Agama Rodríguez.
En el rubro educativo, se estableció en los acuerdos: “La Secretaría de Educación Guerrero se compromete a gestionar la creación de una telesecundaria y telebachillerato, de tal manera que en el siguiente ciclo escolar (2022-2023) esta comunidad ya cuente con los maestros solicitados y poder iniciar las clases en estos niveles educativos en julio (de 2022), y se mandará personal a lamentar un censo de los alumnos que acudirán a estos niveles educativos”.
Los gobiernos federal y estatal solicitaron a la comunidad la donación y el acondicionamiento del terreno, y cuando estuvo esto listo, les pidieron la apertura de la brecha para “llevar el material de construcción”.
Toribio Gaspar contó que todo quedó listo desde noviembre, pero las autoridades ya no cumplieron.
El director de la escuela, Sergio Valle Cortés, informó que la nueva institución tiene 60 alumnos, divididos en el primero A, segundo A y tercero A, e integran el personal docente tres maestras y el director, quienes por su lado han enviado “muchos” oficios a la SEG y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), pero simplemente no han tenido respuesta.
El directivo mostró un legajo de oficios que han enviado a las dependencias y el acta de donación del terreno por parte de la comunidad, además del croquis del predio que les pidieron como requisitos.
También mostró las solicitudes para material didáctico, computadoras, material de oficina, escritorios, sillas, butacas, baños y libros, porque aseguró que hasta de eso sólo les entregaron un paquete de 10 libros y tienen que trabajar en equipo, para resolver el problema de la falta de textos.
Mientras todavía esperan la respuesta de las autoridades, los 60 niños desde septiembre pasado toman sus clases bajo árboles de encino prieto, que rodean el baldío donado por la comunidad para la construcción de la escuela. El predio se ubica en la entrada de la población y algunos de los estudiantes se trasladan en bicicleta, pero la mayoría caminando.
A mediodía, los niños buscan el refugio de la sombra de los árboles, pero no pueden evitar exponerse a las fuertes corrientes de aire que vuela las hojas de sus cuadernos y libros.
El director informó que en seis meses que llevan trabajando en esas condiciones, dos menores han sufrido piquetes de alacrán, “no se nos han puesto graves porque de inmediato los llevamos al centro de salud, para que les apliquen la inyección del antialacránico”, explicó.
Pero dijo que “ante todos estos sufrimientos que hemos pasado, ya urge que nos hagan nuestras aulas, que nos entreguen mobiliario. No tenemos ni siquiera una silla, un escritorio, una computadora o una máquina para hacer la documentación, estamos trabajando como Dios nos da a entender”, se quejó.
Añadió que hay un grupo que cuenta con 32 alumnos y que están pidiendo un maestro más, “porque sabemos de antemano que después de 31 alumnos se debe dividir el grupo, para dar una educación de calidad”.
“No estamos pidiendo otra cosa, más que nuestra escuela y condiciones dignas, para que podamos impartir clases adecuadamente”, declaró.
Una maestra, Yarely Coctecón Ángel, pidió al presidente de la República la construcción de la escuela.
“Estamos muy involucrados con lo de la nueva escuela mexicana, que implica una escuela de calidad, humanista, equitativa e integral, pero estamos viendo que aquí es otra la realidad, de verdad, no tenemos ni siquiera una butaca, un pizarrón”.
Se quejó por que las condiciones en que trabajan no son las óptimas para dar clases, “los chicos buscan piedras para sentarse, incluso no tienen útiles escolares, tenemos niños huérfanos (por la violencia) que no cuentan con nadie que los apoye en sus estudios”, describió.
Para la profesora estas condiciones son una vergüenza, sobre todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la educación es parte fundamental de este país, “entonces, queremos que estas palabras se cumplan sobre todo en este medio, donde nosotros creemos, como docentes, que la educación es fundamental, para combatir muchísimas de las problemáticas que han estado imperando”.
Otra de las maestras, Marilú Basilio Ramírez, quien suspendió sus clases para responder a los reporteros, dijo que no sabe por qué no han hecho caso a sus peticiones, “cuando el gobierno se comprometió con el pueblo de Ayahualtempa a darles una educación de calidad a los estudiantes, por toda la problemática que han vivido”, dijo en referencia a la violencia que padecieron aquí en los años pasados.
–¿Se acerca la temporada de lluvias, qué va a pasar con ustedes, entonces?–preguntó un reportero.
–Créame que eso es lo que nos preocupa. Vamos a tener que buscar nosotros, como maestros, la manera de seguir dando nuestras clases, vamos a buscar un espacio, posiblemente recurrir a la comisaría, porque realmente hay espacios en el pueblo pero son pequeños. Es difícil concentrar a todos los niños en un cuarto o en una casa.
Dijo que, independientemente de “la falta de todo” en la escuela, para poder dar una educación de calidad, los alumnos traen un problema de deficiencia en su formación por la pandemia y por el problema de violencia que les impidió asistir a clases con regularidad en años pasados.
Antes del mediodía, los alumnos, acompañados de sus padres y de maestros, además de los niños de la primaria que se solidarizaron, y del resto de la población, salieron en marcha del predio, donde reciben clases, hacia la cancha techada del centro de la población.
La mayoría con sus uniformes y portando pancartas en las que se leían sus exigencias: “Aulas dignas para una buena educación”, “exigimos la construcción de nuestra escuela”, “señor presidente AMLO, los jóvenes de Ayahualtempa le pedimos una escuela de calidad”, “un alumno, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”, además, coreaban constantemente: “Queremos escuela, queremos escuela”.
La marcha fue resguardada por policías comunitarios de la CRAC que opera en este pueblo, y participaron, además, integrantes del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua.
Durante el mitin, uno de los coordinadores de la CRAC informó que el gobierno federal, tampoco han cumplido otros compromisos que firmaron en la minuta de acuerdos del 12 de junio del año pasado, como la pavimentación de una calle y la construcción del Banco del Bienestar, para evitar que los beneficiarios de los programas sociales se trasladen a otros lugares y se pongan en riesgo por la violencia, que sigue imperando fuera del territorio comunitario.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal se comprometieron con este pueblo, después de que el 6 de enero del 2021 marcharon con niños y advirtieron que si no se resolvía el problema de la violencia iban a armarlos, para que se incorporaran a la policía comunitaria.
Un año antes, el 22 de enero de 2020, 19 niños ya habían sido presentados armados en Alcozacán, municipio de Chilapa, como policías comunitarios para defender sus pueblos, ocho de ellos eran de Ayahualtempa.
Sin embargo, las autoridades comunitarias los desarmaron y desincorporaron días después, debido a que su decisión recibió la condena de organismos de derechos humanos, incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el presidente de la República.
Derivado de la amenaza de las autoridades comunitarias de volver a armar a sus hijos, los gobiernos federal y estatal se comprometieron en varias reuniones en Ayahualtempa y Alcozacan a atender el problema de violencia, de manera integral con servicios de educación, salud y programas sociales.