Carmen González Benicio

Tlapa

Los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) iniciaron un brigadeo en las escuelas de la región Montaña, para decirles a sus agremiados que no rindan su declaración patrimonial, porque es un golpe a sus derechos laborales.
El dirigente de la CETEG, Héctor Torres Solano, advirtió en conferencia de prensa en Tlapa, realizada en las instalaciones regionales de la agrupación, que los maestros que forman parte de esa organización magisterial no van a rendir su declaración patrimonial, porque es un “golpe” del gobierno federal a sus derechos laborales.
Agregó que no se dejarán presionar por los supervisores y directores, que sabe los están “hostigando” para que declaren su patrimonio, porque la ley es clara sobre quién debe hacerlo, “todo servidor público que haya sido electo por elección popular tiene esa obligación de llevar a cabo una declaración patrimonial”, remarcó.
Afirmó: “Como maestros, fuimos contratados por la necesidad que se tiene en las diferentes localidades, en donde se requiere el servicio educativo, y no fuimos electos en votación”.
Señaló que además, en la ley, uno de los transitorios establece que deben declarar su patrimonio quienes fueron contratados de 2019 a la fecha, y ninguno de ellos está en esa situación.
Dijo que las autoridades educativas tienen claro cuánto perciben los trabajadores, tanto el gobierno federal, que es el que les paga, como la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), “tienen esos datos. Yo no sé porqué el afán de querer obligar y hostigar para que lleven a cabo su declaración patrimonial”, y que eso lo van a frenar alzando la voz.
Torres Solano dijo que la CETEG inició una jornada informativa en las regiones de la entidad, para dar a conocer cómo caminan las mesas de trabajo y lo que viene afectando la Ley de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).
También hablan del proyecto alternativo que impulsan como CETEG, porque el gobierno trabaja un “proyecto híbrido, en donde quieren que desaparezca el docente y reemplazarlo por la tecnología”.
También habló de las afectaciones que dejó la ley del ISSSTE y de cómo el aumento salarial, que anunció el gobierno federal el 15 de mayo, del 8 por ciento, no se distribuye como debe ser, porque no les favorece en la jubilación.
Insistió Torres Solano en que no harán su declaración patrimonial, “por seguridad”, porque “sabemos cómo se ha estado queriendo extorsionar a los compañeros y hoy, con datos personales, los ponen en riesgo”.