* Ante unos 200 universitarios reunidos en Economía, los integrantes de la Comisión de Garantías dan a conocer el dictamen donde exponen las irregularidades del proceso * No se logró el quórum legal en la sesión del Consejo, denuncian

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El ex candidato a rector por el Frente Amplio Universitario Guerrerense (FAUG), Rogelio Ortega Martínez desconoció el acuerdo de la sesión del Consejo Universitario en el que se aprobó el dictamen de la Comisión Electoral que da el triunfo a Nelson Valle.

Asimismo, anunció que el próximo lunes el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela interpondrá un juicio de amparo ante el juez de distrito correspondiente contra “un acto autoritario de parte de una instancia de autoridad al interior de la UAG”.

Ante unos 200 estudiantes, trabajadores y maestros –entre ellos 67 consejeros universitarios propietarios, provenientes de diversas escuelas de la entidad–, reunidos en el auditorio de la Escuela Superior de Ciencias Económicas, donde originalmente habían citado a una sesión de Consejo Universitario, pero optaron no instalar para “no entrar también en la ilegalidad”, informó que hicieron las consultas necesarias tanto con juristas de la UAG como con el despacho de Burgoa Orihuela, quien consideró que era posible interponer el amparo conforme a derecho”.

Explicó que esta medida no violenta la autonomía universitaria, porque existen cuestiones legales que son antecedentes que van a favorecer a la demanda de amparo, y que “dará curso el propio despacho del maestro Burgoa Orihuela, además de los soportes que respaldan nuestra petición de instancias legales y formales de la UAG, como es la figura del Defensor de los Derechos de los Universitarios, el dictamen de la Comisión de Garantías y de la Comisión Electoral que no avalan el fraude”.

Expuso que las instancias externas a las que se han presentado las impugnaciones son la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, el Congreso del Estado, “y se han turnado también al gobernador René Juárez Cisneros, al subsecretario de Educación Superior, Julio Rubio Oca y a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), instancias que pueden ser coadyuvantes y que pueden dar su opinión con relación a lo que fue la violentación de la legislación universitaria, y la presentación de un fraude electoral en el proceso de elección de rector”.

La reunión de los orteguistas comenzó a las diez de la mañana, pero hubo un receso de dos horas mientras una comisión integrada por Irma Ferruzca Muñiz, Norma Elena Méndez Bahena y José Inés Casiano Reachi, entre otros, se dirigieron al auditorio de la Rectoría de la UAG a entregar las impugnaciones al presidente del Consejo Universitario, Florentino Cruz Ramírez,  para su análisis y discusión; también Carlos Manuel Cen Barrera, llevó el dictamen de la Comisión Electoral que rechaza el que elaboró el secretario técnico, Carlos Rubén Silva García.

Al regreso y luego de enterarse de que el Consejo Universitario declaró rector electo de la UAG a Nelson Valle López, se integró el presídium con los miembros de la Comisión Electoral, Juan Organista, Leoncio Domínguez Covarrubias, Manuel Cen Barrera, Efrén Marmolejo Vega, Irma Ferrusca, Pablo Sandoval, Pedro Vidal Tello Almaguer, Norma Elena Méndez y Rogelio Ortega Martínez.

Leoncio Domínguez como integrante de la Comisión Electoral del Consejo Universitario, dio lectura al dictamen presentado por parte de cinco de los 24 integrantes, respecto al proceso de elección de rector de la UAG.

Señaló que al margen de la sesión del Consejo Universitario del 13 de diciembre, se acordó que la Comisión Electoral se integrara con 24 miembros, 4 del MAR, 4 de Acción Revolucionaria, 4 del Fredeuag, 4 del FAUG, y 8 a distintas fuerzas políticas; la mayoría de los integrantes de esta Comisión Electoral siempre se negaron a transparentar el proceso electoral en sus distintas etapas y su parcialidad no dejó lugar a dudas.

Con relación a la publicación de la convocatoria, explicó que durante los preparativos se plantearon puntos polémicos como lo relativo al tope a los gastos de campaña y al requisito de la legalización del grado de estudios. Dijo que “el Consejo Universitario no aprobó la convocatoria para la elección de rector, ni declaró instalada la Comisión de Garantías, ignorando lo establecido en el Estatuto en la fracción II del Artículo 55”.

Agregó que el 19 de diciembre del año pasado se le pidió a Eduardo Pérez Rodríguez, en su calidad de secretario del Consejo Universitario, que informara sobre los topes de campaña y que entregará las versiones finales del Estatuto y del Reglamento Electoral, pero nunca lo hizo; la Ley de la UAG y el Reglamento Electoral estuvieron en las casillas, pero no el Estatuto, afirmó.

Domínguez Covarrubias  afirmó que el Estatuto no fue dado a conocer ni se publicó por parte del rector Florentino Cruz Ramírez, “la importancia de ese documento es que marca los lineamientos generales de cómo debe realizarse la campaña para la elección de rector a partir de lo acordado en el Tercer Congreso General Universitario”.

Eso significó que la Comisión Electoral no respetó estos acuerdos, sobre todo en lo relativo a los topes de campaña; tampoco avaló los programas de trabajo, las estrategias, y las políticas que aplicarían los candidatos; también violó el Estatuto al negarse a organizar los debates, dijo.

“Además fue del dominio público las denuncias sobre utilización de las promociones, otorgamiento de nuevas categorías y de nuevas plazas para beneficiar a determinado candidato”.

Manifestó que en plena campaña electoral la Rectoría entregó butacas, ventiladores, equipos de cómputo, libros, en escuelas y facultades, pero la Comisión Electoral se negó a intervenir para garantizar que el proceso transcurriera en un marco de equidad, imparcialidad y transparencia.

También señaló que el Reglamento Electoral se entregó hasta el 24 de enero a la Comisión Electoral, luego de que se amenazó que se suspenderían los trabajos si no se contaba con un instrumento legal. Dicho documento se publicó finalmente el 4 de marzo, aunque en la versión final hubo serias contradicciones que configuran una probable tergiversación de los acuerdos del Consejo, como la que se refiere a la integración de la Comisión Electoral y de la Comisión de Garantías y Vigilancia.

Aseveró que la falta del Estatuto fue el pretexto para que no se determinara un tope a los gastos de campaña, además de que se soslayó la organización de debates. El conocimiento del Estatuto hubiera permitido poner un freno al candidato que pretendiera beneficiarse a través de la promoción de categorías a profesores y trabajadores.

Leoncio Domínguez dijo que la campaña duró 37 días hábiles, pero las campañas electorales fueron inequitativas, no educativas y se permitió la coacción beneficiando a un determinado candidato, y durante todo el proceso se violó la normatividad interna y “se tiraron a la basura los acuerdos del Tercer Congreso General Universitario, y lo peor fue que se omitió la instalación de la Comisión de Garantías”.

Otros puntos que se incluyen en el dictamen fueron lo relativo al presupuesto electoral, las irregularidades del padrón electoral, la credencialización que empezó sin el conocimiento de la Comisión Electoral, los problemas durante la jornada electoral en donde no se permitió la presencia de observadores externos “y el hecho de que los paquetes electorales se hayan recibido en el Hotel Parador del Marqués, y no en el edificio de Rectoría.

Además de las irregularidades durante el cómputo final, las impugnaciones y sobre todo, el dictamen que estuvo plegado de graves omisiones, “por lo que no seremos nosotros quienes en aras de conquistar un triunfo pírrico a favor de un determinado candidato, quebrantemos aún más el Estado de derecho de nuestra institución y tiremos a la basura la autonomía universitaria”.

Sin quórum legal la sesión del Consejo

También se presentó un estudio del número de consejeros universitarios que existen en la Universidad Autónoma de Guerrero, en donde de acuerdo a la última sesión del Consejo Universitario, existían un total de 260 consejeros; por lo que se hacía una mayoría simple con 131, y una mayoría especial para calificar la elección del rector con 173.

Sin embargo, se explicó que de acuerdo a la nueva legislación aprobada, muchos consejeros terminaron su periodo legal el pasado 27 de agosto del año pasado, y a partir del 28 del mismo mes el número de consejeros universitarios bajó considerablemente.

Domínguez Covarrubias dijo que con la nueva legislación quedaron apenas 186 consejeros universitarios, de los cuales 58 pertenecían al Frente Amplio Universitario Guerrerense y 128 correspondían a la Alianza Estratégica Universitaria (AEU), por lo que no se había logrado el quórum especial requerido para la calificación del proceso electoral, y la designación del nuevo rector de la UAG.

Un circo la sesión del Consejo

Carlos Manuel Cen Barrera pidió a los presentes “no rajarse” y no aceptar ningún cargo en la próxima administración, “los universitarios dignos debemos sentirnos orgullosos de tener a nuestro lado a Pablo Sandoval Cruz”.

Domínguez Covarrubias expresó que la lucha que se inicia será larga, pero que es necesario acabar con la impunidad “el espectáculo que vimos en la sesión del Consejo Universitario ni en las peores dictaduras se han visto, nos debiera dar vergüenza lo que sucedió ahí, que debió ser un acto solemne”.

Irma Ferrusca, la subdirectora de la Facultad de Comercio y Administración indicó: “Por primera vez he sentido vergüenza  de ser universitaria al ver que el Consejo se convirtió en un circo romano burdo y estúpido; el compañero Cen Barrera luchó no contra leones o contra consejeros universitarios, sino contra perros hambrientos, y eso me avergüenza porque en eso hemos convertido al Consejo Universitario”.

Efrén Marmolejo Vega señaló que “se impulsó en la UAG la estrategia del fraude electoral, y ahí están inmiscuidos lo mismos que el rector de la universidad, Florentino Cruz Ramírez, los cien consejeros universitarios asistentes, y también los integrantes de la Comisión Electoral que avalaron dicho fraude”.