Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

La Comisión de Armonización de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) informó que, de no darse el timbrado de la nómina, el gobierno federal intervendría el subsidio que recibe la institución y que el dinero que se genere por el pago de ISR, gravado en prestaciones que no se hacían, será en beneficio de aquellas familias que no tienen una quincena puntual, como los trabajadores de la institución ante el Covid-19.
En un mensaje en Facebook, los integrantes de la comisión, Berenice Illades Aguiar, Arturo Miranda Ramírez y Efrén Marmolejo Vega, pidieron a los universitarios ser conscientes de la situación que se vive en el país, porque el impuesto ayudará al gobierno en las acciones para una mejor distribución de la riqueza y que si los trabajadores piden que se evite el pago, con qué cara le dirán a los estudiantes y padres de familias cumplir con la ley.
En su intervención, el maestro emérito Miranda Ramírez indicó que del total de trabajadores, sólo el 20 por ciento es exclusivo y son los que en mayor medida serán perjudicados; el resto no son exclusivos y tienen salarios menores, así como menos incentivos “pero que se ha emitido información con dolo en los medios”.
En el contexto político electoral para la rectoría y para gobernador del próximo año, dijo que sería lamentable que los universitarios se dejen influir por información “hasta irracional” y actuar sin un análisis profundo, de los riesgos de meter a la UAG en un estado de “conflicto por interese más allá de lo que significa el interés general de los universitarios”, como lo es la calidad educativa.
Dijo que en los medios hay “comentaristas” dan información de la situación de la nómina, sólo para dividir a los universitarios y sumarlos a determinada corriente e intereses desconocidos. Recordó que la federación dio diez días de plazo para el timbrado de la nómina, de lo contrario le retiraría los sellos que respaldan el presupuesto y de no hacerlo, sería la universidad demasiado irresponsable.
Agregó que si se deja a la UAG en una situación vulnerable, nadie va a dar la cara después. El académico preguntó, qué pensarían los trabajadores si la próxima quincena no les llegue, una vez que el gobierno le suspenda el presupuesto a la institución, por no acatar la solicitud de timbrado de nómina, “entones estarían buscando a quién echarle la culpa y quien genera esta clase de condiciones hacen lo del avestruz”.
Por eso, dijo que con “mucha responsabilidad” la Comisión de Armonización cree que es inaplazable la solicitud de la SHCP, “no hay que ser cómplice de lo que quieren meter a la UAG en conflicto”, por que eso afecta al futuro académico y a las necesidad de la formación de los jóvenes del estado.
Miranda Ramírez también recordó que nadie quiere vivir lo mismo que en 1984, cuando a la institución se le suspendió el presupuesto, pero que gracias al heroísmo de ese entonces se sobrevivió. Agregó que más allá de las posiciones políticas, de lo deseado y lo real, si no se cumple con la ley sería irresponsable.
También reflexionó que los trabajadores no tendrían “calidad moral” ante los alumnos y los padres de familia, de pedirles que cumplan con la ley, cuando los trabajadores no lo hacen y eso sería congruente.
Recordó que este pago en años anteriores se dispensaba por convenios con el gobierno del estado, e hizo el llamado para que el rector Javier Saldaña Almazán busque una negociación, para poder regularizar los pagos de este año y una condición viable de condonación, para los que se adeudan desde el 2014, o en su caso, que se retribuya a los trabajadores.

Que no quede idea de que la UAG no paga ISR

La directora general de posgrado e investigación, Illades Aguiar, indicó que la institución ha pagado el impuesto del ISR de manera puntual desde 2013, y que no quede la idea que de que no se paga, pero lo que se pretende cobrar ahora son ajustes, faltantes que por diversos acuerdos de los contratos de los sindicatos no se hicieron, y es la que se debe de regularizar.
Dijo que es fundamental cumplir, porque la gran mayoría votó por un cambio y que “estamos convencido que era necesario”. Recordó que el presidente estableció principios como la transparencia y la legalidad, además de que nadie puede estar por arriba o al margen de la ley.
La doctora también señaló que se debe de cumplir con el pago, porque en la UAG los trabajadores tienen seguro un salario, mientras que otros, por la situación de la pandemia de la Covid-19 no tienen el privilegio de recibir el salario de manera puntual y que lo que se recaude de impuesto en la UAG favorecerá a la población, que no tiene la oportunidad de tener una quincena de manera puntual.
Illades Aguiar destacó que la Comisión de Armonización se creó desde 2018, antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de empatar las políticas del nuevo régimen con el de la institución, para coadyuvar en la transformación del país y la educación. Uno de los principios es el respeto de la legalidad y en consecuencia se esperan instituciones sanas, confiables y respetuosas de las leyes.
Advirtió que de no realizarse el timbrado, el subsidio de la universidad sería intervenido, por eso se propuso que cada quincena se aplique el descuento para el pago del ISR y que la administración gestione una forma para retribuir a los trabajadores ese dinero.

Aguinaldo de 90 días y bono para compensar ISR

Marmolejo Vega indicó que para compensar el cobro del ISR, se plantearon a la administración central, dos propuestas: solicitar al gobierno del estado la consolidación del pago de 90 días de aguinaldo, para todos los trabajadores de la UAG, y un bono de cinco o diez días; mientras que a la federación se demandó que la SEP y SHCP reconozcan el monto de ISR de 2014 a 2019 como una deuda, como ha pasado con otras universidades y de esa forma se condone y afectar menos a los trabajadores.
Dijo que en la UAG son respetuosos de la ley y que ya no son esos años de la lucha en masa, y que si los trabajadores no quieren que se aplique el impuesto, la lucha tendría que ser en el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados, “que no consideramos justo por la pandemia y la situación que vive el país, y el gobierno de la República debe de tener estos ingresos, para mejorar la distribución de la riqueza del país”.
Señaló que no se puede parar la universidad y que el interés de la institución está por encima de los trabajadores y los universitarios. En la conferencia no se precisó cuáles son las prestaciones que serán gravadas, sólo se indicó que la UAG ha estado pagando puntual el ISR referente al salario base de los trabajadores.
Los trabajadores docentes, administrativos y de intendencia, del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales (CIET), afirmaron que apoyan al rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, en el “timbrado de la nómina” e indicaron que los universitarios tienen la obligación constitucional de pagar el ISR, pero también la obligación moral de hacerlo.
En un desplegado publicado hoy, los trabajadores del CIET indicaron que ante la cesión durante los últimos años, de la mayoría de las empresas paraestatales a la iniciativa privada, una de las formas que tiene el gobierno federal para allegarse recursos económicos, es la recaudación de impuestos y uno de ellos es el ISR.
Desde 2015 la UAG “ha resistido embates que tuvieron como finalidad que los trabajadores pagáramos el ISR, en prestaciones agregadas al sueldo base”. La UAG, agrega el comunicado, es la única universidad del país que no paga ese impuesto de acuerdo con como lo señala la ley, porque “sólo se ha pagado el ISR en el sueldo base y no de las otras prestaciones no ligadas al salario base”.
En el documento se recuerda que el SAT envió un requerimiento a la UAG para cumplir esa obligación. “No hubo margen de negociación, después de prácticamente 5 años de gestiones, para evitar ese pago por parte de los trabajadores universitarios, nuestro rector el doctor Javier Saldaña Almazán debe cumplir con el mandato constitucional, so pena de paralizar a la universidad al no poder recurrir al subsidio ordinario, por la inmediata cancelación de los sellos digitales, necesarios para obtener los recursos del gobierno federal, para el pago de las quincenas en caso de incumplimiento”.
Los trabajadores indicaron que reconocen la labor del rector, por realizar gestiones adicionales para que los trabajadores de la universidad salgan lo menos afectados posible.