Organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos manifestaron que las agresiones de policías estatales y federales a normalistas de Tiripetío, Michoacán, se inscriben en un marco de la criminalización y represión sistemática a las normales rurales, como también sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, emitieron un comunicado sobre la represión a los normalistas en Tiripetío.
Alrededor de la una de la tarde del miércoles, estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, protestaban en este poblado ante el retraso del pago de sus becas y otros adeudos que el gobierno tiene con la Escuela, cuando llegaron policías estatales y federales a agredirlos.
“Los estudiantes se replegaron a su escuela. Los policías intentaron ingresar violentamente a las instalaciones de la Normal, pero los normalistas lo evitaron”, tras lo cual los policías comenzaron a dispararles, relata el comunicado.
Se trata de un atentado grave al derecho a la protesta social y la libertad de expresión, de los estudiantes de las normales rurales, indican.
Al dispararles con armas letales, vulneran los derechos de los estudiantes inconformes, se silencian sus voces y se manda un mensaje que inhibe el derecho de asociación y organización estudiantil.
El uso desproporcionado de la fuerza pública y de armas letales para contener manifestaciones públicas es ilegal, prohibida por las leyes y los tratados internacionales, por lo que “el proceder del gobierno estatal y federal contra los normalistas de Michoacán merece una investigación y una sanción correspondiente”, detalla el comunicado.
Sobre la declaración del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de que espera que después de la “garrotiza” le piensen, es una evidencia del desprecio a la educación pública y a los normalistas rurales. Dice el comunicado.
“No podemos permitir que graves violaciones a los derechos humanos como estas pasen desapercibidas”, indican, y exigen una investigación pronta e imparcial para ubicar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las agresiones a los normalistas de Tiripetío; atención para Gael Solorio Cruz, quien quedó herido; resolver las demandas de los normalistas; que la Cámara de Diputados inicie de oficio un juicio político contra Silvano Aureoles, para que se investigue su responsabilidad en los actos violatorios a los derechos humanos y que cese la represión contra las normales rurales del país.