Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Movimiento por el Rescate de la Democracia, la Dignidad y la Autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero exhortó al Tribunal Electoral del Estado (TEE) a no dejarse presionar por intereses que distorsionen los conceptos para desechar la impugnación contra el nombramiento como rector electo de Javier Saldaña Almazán.
En conferencia de prensa, el abogado Rubén Cayetano García indicó que el 15 de junio se radicó el caso y se turnó a la ponencia de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, como Juicio Electoral Ciudadano 033/2023, por la anulación del proceso electoral que alteró la normalidad democrática de la institución educativa.
Explicó que la normalidad democrática debe ser inalterable y ésta se rompió, porque no hubo elección extraordinaria para culminar la gestión de 2021 a 2025 a través de un rector sustituto para el actual periodo. El nuevo periodo por el que fue electo Saldaña Almazán es de 2023 a 2027.
Proponen que se sancione que no hubo elecciones en 2021 y que se restablezca la periodicidad o normalidad democrática, para que, no habiendo elecciones en 2021, pueda haberlas en 2025, 2029, 2033 y así sucesivamente.
Cayetano García aclaró que la demanda expone un problema de legalidad, que no involucra el autogobierno, la educación, de investigación o presupuesto, por lo tanto, exhortaron a los magistrados “no dejarse presionar por intereses políticos aviesos, que distorsionan el concepto de autonomía para deshacer convenientemente (el juicio)”.
Asimismo, les piden a los magistrados que actúen “con absoluta y meridiana imparcialidad, porque el agravio que se sustenta en la ruptura de la periodicidad democrática en la universidad, particularmente lo que tiene que ver con la Ley Orgánica, probada en 2016 por el Congreso local”.
La ley orgánica que rige a la UAG establece que debe hacer elecciones extraordinarias si el rector electo se separara antes de los años de la gestión. Si se separa después de cumplidos dos años, el Consejo Universitario podría nombrar un rector en sustitución, para ir a elecciones ordinarias en el plazo de cuatro años.
El abogado señaló que, en referencia de la gestión universitaria, los sexenios de las gubernaturas sólo se modificaron en una ocasión para empatarse con los comicios federales, a partir de una reforma a la Constitución, no por decisión de grupos.
“Se trata de la salvaguarda de la legalidad, del estado de derecho, del marco constitucional del que emanan nuestras leyes, mismas que están obligados a hacer prevalecer, para evitar un grave retroceso y precedente antidemocrático en Guerrero”.
Advirtió que si el tribunal deja pasar esta irregularidad, sentará un grave precedente para que cualquier persona altere las fechas de las elecciones universitarias, sin consecuencias.
Los promoventes del juicio porque en el proceso electoral les negaron el registro de candidaturas, Silvia Alemán Mundo y Jorge Luis Urióstegui Train, respaldaron la representación de Cayetano García, como abogado y en su calidad de universitario honorario, al ser egresado de la institución educativa.
Alemán Mundo añadió que cualquier ciudadano puede pedir cuentas a la UAG, que recibe 3 mil 200 millones de pesos del presupuesto público. Además, que defender la legalidad no lesiona la autonomía, y que debido a esta exigencia, ha sufrido violencia política en razón de género.
Urióstegui Train denunció que grupos porriles están amenazando a los opositores que defienden la legalidad y un trabajador de la Facultad de Derecho, que no es consejero, lo agredió en la sesión Consejo Universitario, donde el grupo opositor fue a conocer la calificación de la elección.
Insistió en el uso político que el grupo hegemónico pretende dar al alumnado, como plataforma para ganar senadurías.