El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Ramos Reyes Guerrero informó que en la segunda quincena de octubre ningún maestro reportó que le hayan descontado de su pago salarial por faltar a clases el 2 y el 12 de octubre.
Ramos Reyes dijo que, el jueves pasado estaba programada una reunión con el fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, para discutir sobre las órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la CETEG, pero no se llevó a cabo, por lo que la próxima semana buscará nuevamente al fiscal.
El martes pasado, luego de rendir protesta como secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero subrayó que la reforma educativa ya es “un hecho”, dijo que no habrá marcha atrás en la aplicación del descuento salarial a los trabajadores que no asistieron a clases el 2 y el 12 de octubre, e informó que la evaluación de permanencia del Servicio Profesional Docente, que aplicará el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), será el 14 de noviembre.
De acuerdo con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, el descuento a los trabajadores que faltaron a clases el 2 de octubre se aplicaría en la quincena del 30 de octubre y de quienes faltaron el 12 de octubre, en la del 15 de noviembre.
Consultado vía telefónica Ramos Reyes declaró que hasta ayer por la tarde no tenía conocimiento de que a los maestros se les hubiese aplicado el descuento salarial que anunciaron las autoridades estatales y federales, por inasistencias el 2 y el 12 de octubre.
Sin embargo, dijo que ayer por la mañana supo que a un maestro de la región de la Tierra Caliente se le retuvo el salario por no cumplir con el proceso de la evaluación de permanencia en el Servicio Profesional Docente, aunque no abundó sobre el caso porque no conoce los detalles, “voy a estar al pendiente para ver qué se puede hacer por el compañero, y también por si se aplicaron los descuentos”.
Sobre el caso de los integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con sede en Oaxaca, Othon Nazariega, Roberto Jiménez, Efraín Picazo y Juan Carlos Mata, que fueron detenidos y recluidos en el penal federal del Altiplano, Estado de México, Ramos Reyes reprobó su detención arbitraria y exigió su liberación inmediata.
El secretario general de la sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez Ginez, llamó a los maestros de Guerrero, Michoacán, Chiapas y el Distrito Federal a manifestarse para exigir la liberación de los cuatro detenidos, pero en Chilpancingo no hubo acciones de la CETEG en solidaridad con el magisterio disidente de Oaxaca.
Al respecto, Ramos Reyes aseguró que no hubo condiciones para que la CETEG se manifestara en solidaridad con la sección 22 de la CNTE por el puente vacacional, que la Secretaría de Educación Pública autorizó con motivo de la celebración del Día de Muertos; sin embargo, “el martes que estemos (los maestros) de regreso, haremos lo propio, no podemos dejar pasar la situación de nuestros hermanos de Oaxaca, ellos nos han apoyado y tenemos que hacer lo mismo”.
Ramos Reyes manifestó que el Estado actuó primero en contra de los maestros en Oaxaca, después lo hará en Michoacán, Chiapas, el Distrito Federal y, por último, en Guerrero, e informó que desconoce el número de órdenes de aprehensión que hay en contra de integrantes de la CETEG, por lo que buscará al fiscal, Miguel Ángel Godínez, para conocer la situación.
De acuerdo con Ramos Reyes, el jueves debió llevarse a cabo una mesa de trabajo que ya estaba programada para abordar las órdenes de aprehensión y conocer los nombres de los presuntos implicados, pero cuando llamó a Miguel Ángel Godínez para confirmar la cita, no recibió respuesta, “la próxima buscaremos nuevamente al fiscal porque es necesario saber quiénes podríamos ser afectados”.
Sobre la detención del presidente municipal de Cocula, Éric Ulises Ramírez Crespo, junto con Adán Zenén Casarrubias Salgado, uno de los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos, Ramos Reyes expresó que una vez más quedó al descubierto la relación entre las autoridades y el crimen organizado, como ocurrió con los ataques en Iguala el 26 y el 27 de septiembre de 2014, cuando fueron detenidos desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por último, Ramos Reyes exigió que las autoridades investiguen el caso de Ramírez Crespo y que se le castigue conforme a la ley, si se le encuentra culpable, así como deben hacer con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.