María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Alumnas de la preparatoria número 29 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Emiliano Zapata, ubicada en Tixtla, denunciaron que no hay avances en las investigaciones por las cámaras localizadas en los baños y advirtieron que acudirán a la Agencia del Ministerio Público por la nula atención del rector José Alfredo Romero Olea.
En conferencia de prensa en la capital, las estudiantes provenientes del municipio de Tixtla indicaron que el Área Jurídica y Defensoría Derechos Humanos y Universitarios de la UAG no han avanzado en las investigaciones y que el director, José Francisco Calvo Hernández, no fue suspendido de su cargo.
Un grupo de alumnas acompañadas de docentes manifestaron que ante la falta de atención de Romero Olea tras su denuncia, acudirán con sus padres y maestros ante el Ministerio Público.
Una de las alumnas quien pidió omitir su nombre relató que el pasado 23 de febrero localizaron cámaras en los baños, se las dieron al director para que procediera, pero borró el contenido.
Indicó que la universidad aún no les ha dado respuesta a su inconformidad, “las autoridades competentes se supone que deben salvaguardar nuestros derechos pero no lo hacen, por eso venimos hacer la denuncia pública, para que demos con el paradero de la persona responsable”.
La estudiante dijo que algunos maestros de la escuela que apoyan al director pretenden minimizar el problema, por ello el pasado 7 de marzo se manifestaron para exigir a la UAG que interviniera.
Las alumnas externaron que a pesar de que el acuerdo con los trabajadores de la UAG fue que regresarían a clases pero no abrirían la dirección de la escuela ni el área de cómputo mientras se realizaban las investigaciones, de manera arbitraria un grupo de trabajadores las abrieron.
Dijeron que otro de los acuerdos fue que pondrían un guardia de seguridad “para velar por su seguridad, pero tampoco se ha cumplido” y la Policía Cibernética tampoco ha acudido.
Indicaron que a pesar de que no se ha cumplido con los acuerdos no cerraron la escuela y las clases siguen normales.
Las inconformes precisaron que las cámaras fueron entregadas al Área Jurídica y Defensoría Derechos Humanos y Universitarios, pero que la dirección de la escuela hizo un documento en el que indicaba que la investigación ya no siguiera.