María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Luego de que una madre denunciara penalmente actos de discriminación y expulsión de su hijo con discapacidades motrices, el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa ordenó a la estancia infantil Benita Galeana, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), la capacitación de todo el personal y garantizar que la institución cuente con material didáctico especializado.
En un comunicado, se detalló que el segundo tribunal solicita al rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, para que en un periodo de diez días hábiles, contando a partir de la legal notificación, dé cumplimiento a los lineamientos del amparo concedido.
La madre del menor, Juliely Guadalupe García López, dijo que buscó asesoría legal para promover un amparo indirecto, por las diversas violaciones a los derechos humanos de acceso a la educación pública y gratuita; por las discapacidades y condiciones de salud del menor agraviado.
Éste se tramitó ante el Juzgado Séptimo de Distrito, con el número de expediente 1298/2017, y al dictar sentencia determinó conceder el amparo al menor, para que fuera aceptado e incluido en la matrícula escolar.
Sin embargo, Javier Saldaña, se inconformó en contra del amparo concedido al menor de edad.
En el documento, se indicó que la directora Narda Bolaños Tapia, la coordinadora Katy Gabriela Almazán Almazán, la psicóloga Fernanda Vidal Saavedra y quien fungía como subdirector, Ángel Reyes Arriaga, directivos y docentes de la estancia infantil Benita Galeana, con actos de discriminación expulsaron al menor de edad de iniciales LDJBG, para proteger su identidad, que sufre de discapacidades motrices, diagnosticado con síndrome de West (espasmos epilépticos) y retraso psicomotor, con la complacencia del rector Saldaña Almazán.
García López señaló que la directora mostró “una actitud inhumana, cruel, despiadada; con claros signos de una psicópata, por lo que, este tipo de personas no deberían estar al frente de las instituciones educativas”, y exigió que quienes estén al frente de grupo o las áreas administrativas, deben de estar sujetos a constantes exámenes psicológicos, para salvaguardar la integrad física y psicológica de los educandos.
De acuerdo con el abogado de la quejosa, Mario Martín Pichardo Castillo, la presente concesión de amparo constituye un importante precedente en materia de defensa de los derechos humanos, para evitar los constantes actos de discriminación que suelen realizar los maestros, directivos de varias instituciones educativas, así como las expulsiones que se realizan en las escuelas.
Pichardo Castillo agregó que en caso de que el rector de la UAG no cumpla con la ejecutoria de amparo, en el plazo de diez días que se le está otorgando, será destituido de su cargo y procesado penalmente.
Entre los requerimientos, se encuentran el capacitar a toda la planta directiva y docente de la estancia infantil para su ampliación curricular, destinada a brindar una atención óptima del menor quejoso y quienes reciban atención en ese centro.
Además, que se garantice que la estancia cuente con el material didáctico especializado útil, a fin de que el menor obtenga un óptimo aprendizaje y que se ordene llevar a cabo las adecuaciones necesarias a las instalaciones, a efecto de incluir al niño en las actividades de aprendizaje.