La profesora me’phaa Eusebia Estrada Cortés solicitó la intervención de autoridades y organizaciones de derechos humanos, ante las decisiones que se han tomado en asamblea en la comunidad de Tapayoltepec, del municipio de Malinaltepec, porque le han vulnerado sus derechos laborales y ciudadanos al pretender “exiliarla” del lugar y que pague los gastos que ocasionó su asunto.
Estrada Cortés contó y mostró las actas y oficios sobre lo que ella considera una violación a sus derechos humanos amparados en los usos y costumbres de su comunidad, por las autoridades comunitarias y municipales, quienes, dijo, manipularon a los asistentes al citarlos para abordar temas de la entrega de maíz que realiza el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña.
Narró que estaba comisionada como jefa de la Casa del Niño Indígena, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en la comunidad de Tapayoltepec, donde tenía cuatro años, y el pasado 30 de julio de 2017 en una asamblea se sometió su destitución y de las cocineras, sin que estuviera en el orden del día y que ella les mencionó que era un tema educativo y no había motivos, pero fue ignorada por quienes llevaban la mesa y derivó en un acuerdo de su destitución sin motivos.
Mencionó que acudió a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, en la cabecera de Malinaltepec, para poner una denuncia por esos actos que consideró arbitrarios, ya que Severiano Regino Mejía y Melecio Santos Regino no tenían facultad para presidir de ella y estar en la mesa, y Cupertino Cortez Sánchez no debió mezclar los temas e insistir en que se abordara el tema de la casa indígena.
Sin embargo, el 6 de agosto las autoridades comunitarias realizaron otra asamblea, en que hablaron del tema y los citatorios diciendo que no tenía razón porque el comisario Felicísimo Encarnación Marcos les dejó la autoridad, al abandonar la mesa por otros asuntos, y que el tema se abordó porque la asamblea así lo determinó y no iban a dar marcha atrás en su destitución.
Mencionó que por eso pidió la intervención del director de la Cdi en Tlacoapa, Bernardo Vázquez Pareja, quien le respondió al comisario el 2 de agosto de 2017 que “la institución que represento no tiene elementos formales, ni quejas, ni denuncias que justifiquen el cambio y que en el inicio de clases se harían las evaluaciones del personal de acuerdo con sus reglas de operación”.
Solicitó la intervención del delegado de Gobernación estatal, Jorge Rodríguez Ponce, y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. (Carmen González Benicio / Tlapa).