Lourdes Chávez

Chilpancingo

Unos 150 aspirantes presentaron el examen de admisión a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a partir de agosto la mayoría quedará formalmente inscrita en la matricula del ciclo escolar 2017-2018, informó el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón.
Vía telefónica, el líder del Comité detalló que desde la noche anterior llegaron jóvenes de diferentes regiones del estado, así como de Chihuahua, Oaxaca, Querétaro, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Chiapas, para concursar en el proceso de admisión.
Confió que este año no sea necesaria una ampliación de los plazos para cubrir la matricula de 140 estudiantes en tres licenciaturas, ya que el año anterior, a la primera convocatoria sólo se presentaron 70 aspirantes.
Sin embargo, no descartó abrir una segunda convocatoria si se reduce la demanda, y una mesa de diálogo con funcionario de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Reconoció que es un riesgo que la demanda para inscribirse sea reducida a causa del desprestigio que genera la criminalización, la estigmatización de los estudiantes, ante las practicas políticas y el “mensaje de odio que motivan y reproducen autoridades y medios de comunicación; le da miedo a la gente mandar a sus hijos; además (afectan) los asesinatos de alumnos en la historia de la Normal”.
Desde 2011, han ocurrido ataques fatales contra normalistas de Ayotzinapa, más los ataques de Iguala que terminaron con 43 alumnos desaparecidos.
Lo anterior, aunado a que no hay garantías de la estabilidad laboral como en años anteriores, cuando los egresados podían acceder a una plaza docente de forma automática; sin embargo, opinó que la escuela sigue siendo necesaria para que las familias de bajos recursos envíen a sus hijos para que sigan estudiando.
Consideró que los jóvenes de las familias que viven en marginación sólo tienen tres opciones de desarrollo, ingresar a la policía, al narcotráfico o estudiar en la Normal Rural de Ayotzinapa.
En este sentido, dijo que es responsabilidad de los estudiantes defender la permanencia de la escuela, “hasta las últimas consecuencias”, y mantener la lucha de justicia por sus compañeros caídos y desaparecidos, además de cumplir con las labores académicas.
“Nosotros lo consideramos como una responsabilidad; el ataque del 26 de septiembre en Iguala fue para cerrar la escuela, debemos considerar que la vida de los compañeros es fundamental para mantener el nuevo ingreso en cada ciclo escolar. No podemos permitir la impunidad”.