Alejandro Guerrero

Iguala

Padres de familia y ex trabajadores del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) de esta ciudad, gestionado por el Partido del Trabajo (PT), protestaron la mañana de este martes para exigir la destitución de la directora del plantel y de la directora general en Guerrero, Sabrina Galeana y Alma Francisca Juárez Altamirano, respectivamente.
A las responsables las señalan de corrupción, nepotismo y desvío de recursos, además, piden la reincorporación de trabajadores despedidos sin justificación.
A las 8 de la mañana, unas 30 madres de familia y cuatro trabajadoras, que fueron despedidas este lunes, protestaron al exterior del Cendi Grandeza Infantil o Cendi-PT, como también es conocido, ubicado en la colonia Hábitat, al norte de la ciudad.
Por su parte, los padres de familia denunciaron que a los niños les han dado en sus desayunos alimentos de mala calidad o caducados, así como las malas condiciones en las que están los utensilios de la cocina, los baños deteriorados y sucios; además de que no han adquirido los seguros de vida para sus hijos, a pesar de que hay un presupuesto designado para este fin.
Denunciaron que a pesar de que la escuela tiene un subsidio federal, de unos 28 millones de pesos anuales, para el pago de alimentos, salarios de los trabajadores y servicios de agua, luz y gas, les cobran una cuota de 700 pesos mensuales a cada uno de los cerca de 120 alumnos, además de otra cuota, de 400 pesos, que se paga una vez al año.
Mientras que cuatro trabajadoras, que fueron despedidas sin justificación el lunes de la semana pasada, y a partir de ese día se les impidió el acceso a la escuela, entre ellas la nutrióloga Rocío Uzcanga Bustos y la Psicóloga Karla Avilés Marquina, informaron a reporteros que la acción en su contra fue en represalia por denunciar las irregularidades ante la coordinación nacional de este programa, que recibe fondos del programa Expansión de la Educación Inicial, al que fue adherido en este gobierno federal para iniciar su proceso de regularización.
Denuncian que Alma Juárez tiene a varios miembros de su familia cobrando en la nómina, como aviadores, en los cinco Cendis que hay en el estado. Sólo en la escuela de Iguala, exhibieron una lista del personal en la que hay un registro de 42 trabajadores, de los cuales, se estima que al menos nueve son irregulares.
De acuerdo con información que dieron a reporteros, hay familiares de la directora general que reciben sueldos de más de 70 mil pesos mensuales, mientras que a ellas, que llevan siete años trabajando en este plantel, desde que fue fundado, les pagan 3 mil pesos a la quincena. Además, han estado trabajando sin percibir prestaciones, entre ellas, un aguinaldo.
Informaron que de las cinco guarderías que fueron instaladas por el PT en Guerrero, sólo tienen claves de centros de trabajo las de Acapulco e Iguala, pero los de Chilpancingo, Zumpango y Coyuca de Benítez no tienen registros, y los dos últimos, están en casas que fueron habilitadas para recibir alumnos.
La nutrióloga Rocío Uzcanga denunció que fue cesada por reclamar una mejor alimentación para los menores y señalar irregularidades. Evidenció que a partir de su destitución, a los alumnos les han dado alimentos de muy mala calidad, que estaban congelados desde noviembre.
Alertó que temen por su seguridad, porque todas las afectadas son mujeres. Advirtió que no van a permitir ni solapar la corrupción que hay dentro de la institución, “tenemos miedo por nuestra seguridad, porque aquí se juegan muchos intereses. Aquí hay demasiado dinero de por medio, hablamos de millones de pesos y de mucha gente involucrada”.
Informó que ya presentaron la queja correspondiente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como que procedieron a denunciar el hecho ante la delegación regional de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
En la puerta de la entrada de la escuela colocaron cartulinas con algunas de sus demandas y denuncias, “destitución de la directora Sabrina Galeana, inmediatamente”, “fuera directora general Alma Francisca Juárez Altamirano”, “pisotean los derechos de los niños”, “nepotismo, desvío de recursos” y “pedimos alimentación digna. Con los niños no, basta de corrupción”.
Este CENDI fue gestionado en 2014, por el ex dirigente municipal del PT y primer síndico durante el gobierno de José Luis Abarca Velázquez, Óscar Chávez Pineda, quien asumió ese cargo en 2013, tras el homicidio del entonces síndico Justino Carvajal Salgado, sobrino del senador Félix Salgado Macedonio, de quien era su suplente.