Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

La directora general de Planeación de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Arely Adriana Almazán Adame dijo que todas las instituciones públicas que manejan recursos estatales o federales están obligadas a ser observadas.
Consultada en la Rectoría sobre los desvíos de recursos e irregularidades que, de acuerdo con el rector, Javier Saldaña Almazán, fueron hallados mediante auditorías y el cruce de nóminas, Almazán Adame dijo que, “el tema de la observancia es algo que ya debemos de ver los funcionarios públicos como una gran responsabilidad, no podemos evadir el tema del buen ejercicio de los recursos”.
Almazán Adame, quien cuenta con 14 años de antigüedad en la Universidad, dijo que en el caso de la Dirección General de Planeación no se detectaron irregularidades, y la mayoría de los funcionarios que laboran en el área fueron ratificados.
Explicó que la Dirección General de Planeación “es un área medular” de la Universidad y actualmente trabaja en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), para que sea aprobado en lo particular por el Consejo Universitario.
Precisó que de la Dirección General de Planeación dependen las direcciones de Planeación y Proyectos, Programación y Presupuesto, y Evaluación y Seguimiento Programático, que a su vez cuentan con tres jefaturas, mientras que el jefe inmediato de las áreas es el secretario general, José Alfredo Romero Olea.
Explicó que en Planeación se hacen planes, programas y proyectos, se trabaja en el PDI y se elaboran presupuestos anuales, además de que se da seguimiento a cada uno de los procesos.
Expresó que en el área que dirige “el clima laboral es muy efectivo, me siento como en casa”, y manifestó que su nombramiento “no es un premio, es una gran responsabilidad”.
Sobre los desvíos de recursos e irregularidades en la Universidad, dijo que la administración actual está “en la dinámica tanto estatal como federal para mejorar la transparencia y combatir la corrupción”, aunque los casos específicos sólo los conocen Saldaña Almazán y “su personal cercano de primer nivel”.
Puntualizó que todas las instituciones públicas que manejen recursos estatales o federales “estamos obligadas a que seamos observados”; además de que la Ley de Responsabilidades indica que los funcionarios públicos que caen “en un error o en una omisión, son los responsables directos, ya no es la institución, ni los jefes inmediatos”.
Señaló que las auditorías preventivas son una oportunidad para que los procesos se incluyan en las mejoras continuas y que uno de los siete ejes del PDI es trazar una ruta de transparencia, por lo que “estamos trabajando en esa parte”.
Por último, dijo que la Dirección General de Evaluación fue a su vez evaluada por la Auditoría General del Estado (AGE) y está en espera de recibir las recomendaciones para mejorar los aspectos en los que se encuentren deficiencias.