José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso del Estado suspendió la sesión ordinaria programada para este miércoles, por temor a las protestas que mantiene la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) como parte de su paro nacional contra la Ley del ISSSTE de 2007.
La suspensión de esta sesión, más no de las labores administrativas del Poder Legislativo, ocurren después de que el martes un grupo de agremiados en la CETEG irrumpió en el estacionamiento del Congreso local, donde rompió los vidrios y cristales de 12 vehículos estacionados.
A las 10 de la mañana, la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presidida por el diputado Alejandro Carabias Icaza, del PVEM, emitió un oficio donde informó que la sesión, programada para hoy a las 11 de la mañana, fue pospuesta para el próximo martes.
“Se les informa que, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la sesión convocada para el día de hoy, 3 de junio del año en curso, se difiere para el día martes 9 de junio de 2026, en punto de las 11 horas, en el salón de plenos Primer Congreso de Anáhuac de este Poder Legislativo”, se lee en el documento emitido por la mañana y firmado por Carabias Icaza.
Aunque el documento no explica los motivos de la suspensión, fuentes legislativas indicaron que la decisión se tomó como precaución ante las movilizaciones de los maestros de la CETEG, que continúan con su jornada de lucha para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, de la reforma educativa, del Usicamm y piden un aumento salarial del 100 por ciento.
A pesar de que la sesión se pospuso, las labores no fueron suspendidas, por lo que los trabajadores administrativos están laborando de manera normal.
De acuerdo con fuentes legislativas, de los cinco autos de los diputados que fueron agredidos, unos pertenecen al diputado local Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Marisol Bazán Fernández y Erika Isabel Guillén Román.
El vehículo de Sandoval Ballesteros es una camioneta Volkswagen Tiguan, la de Bazán Fernández un automóvil Kia K3, un Volkswagen Passat de una trabajadora del área de comunicación y dos más, que eran propiedad del Congreso, mientras que del resto de autos aún no hacen pública la información, porque continuaban las labores de levantamiento de actas.