Integrantes de organizaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), opositores a la administración central, manifestaron que el aplazamiento de las elecciones para rector viola la Ley Orgánica, por lo que exigieron que el Consejo Universitario revoque el acuerdo y también que remueva a Javier Saldaña Almazán, dado su estado de salud.
En conferencia de prensa miembros de Insurgencia Univer-sitaria, del Frente Amplio de Resistencia Universitaria, Alianza Sindical Independiente, Movi-miento Alternativo Social y Aca-démico del Sur (MASAS), representados por Ramón Reyes Carreto, Román Ibarra Flores y Roberto Sotelo Alarcón, se opusieron al acuerdo que tomó por unanimidad el Consejo Universitario de posponer seis meses la elección del rector.
Ibarra Flores recordó que los consejeros universitarios aprobaron el jueves pasado no emitir la convocatoria para elegir rector, nombrar a un rector interino por seis meses y pasar la elección de julio y septiembre, lo que viola la Ley Orgánica de la institución.
Explicó que, “siendo la universidad una institución pública del estado, está obligada a cumplir su ley, su estatuto general y reglamento electoral en razón de que su Ley Orgánica fue aprobada por el Congreso local y de acuerdo a su artículo 1, ésta es de orden público e interés social”.
El abogado consideró que el proceso para elegir rector es una función esencial que no puede suspenderse por la pandemia, como no se han suspendido los procesos electorales estatal y federal, estando solamente obligados a ser observados por las autoridades de salud.
Los universitarios indicaron que dada la gravedad del estado de salud del rector, quien se infectó por tercera ocasión de coronavirus, el Consejo Universitario debe de removerlo por enfermedad, lo cual se deduce de la voz del audio que pusieron en la sesión pasada.
“No deseamos que le vaya mal en su estado de salud, ojalá salga bien, pero no le ayuda el mantenerse en una actividad que le genere estrés y que le complica su salud. No entendemos porqué se aferra a seguir siendo el rector”, dijo Román Ibarra.
Agregó que el Consejo Universitario incurrió en una ilegalidad porque todas las reformas deben ser sometidas a consulta, “no lo hacen y no lo han hecho desde hace ocho años, los consejeros no son plenipotenciarios”.
El universitario añadió que, además, desconocen quiénes son los consejeros universitarios estudiantes, debido a que los que estaban en funciones egresaron el ciclo escolar pasado.
Por su parte, el ex rector y miembro de la agrupación Coor-dinadora Universitaria, Ramón Reyes Carreto, dijo que en la UAG se ha convertido “en la mafia del poder” de quienes dirigen, porque han modificado la ley orgánica y el estatuto a modo.
Manifestó: “¿Cómo explicar que alguien enfermo se mantiene sin dar la cara, y lo usa como chantaje sentimental y político a los consejeros?”.
El ex rector denunció que en la sesión virtual, la cual es pública, no se les permitió el acceso a los que quisieron entrar a la plataforma digital, “yo intenté casi dos horas, pero no me dejaron”, porque dan una clave para acceder “y no me la quisieron otorgar”.
Dijo que los consejeros, a quienes señaló como “subordinados y sumisos”, por omisión, por complicidad o por desconocimiento se prestaron a estas acciones, que están fuera del marco legal.
A los universitarios se les preguntó si dentro de sus organizaciones no hay consejeros que pudieron intervenir el día de la sesión, pues todos los acuerdos fueron por unanimidad, y Reyes Carreto y Román Ibarra argumentaron que sí hay y son los dos que votaron en contra y una abstención.
Se les cuestionó sobre por qué no intervinieron en la sesión virtual y explicaron que los que los que están a favor del rector ubican quienes pertenecen a otras organizaciones, por lo que no los dejan participar e incluso no les permiten que accedan a la sesión.
Por último, los universitarios llamaron a los consejeros a que promuevan la realización de otra sesión en los próximos días, para que revoquen ese acuerdo y haciendo uso de su condición de máxima autoridad, remuevan al rector por enfermedad grave, para reencauzar la legalidad institucional en la universidad.
En caso de no hacerlo, llamaron a los universitarios interesados en defender a la institución, a promover amparos administrativos ante jueces de distrito, pidiendo la nulidad de ese acuerdo y que se adopte otro que sea legal.
Enfatizaron que los acuerdos del Consejo Universitario pueden ser revocados hasta 15 días hábiles después de la sesión.