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Adjudica juez a particular propiedad en Las Playas que había repartido el Invisur

Mariana Labastida  Vecinos del Fraccionamiento Las Playas expusieron que los quieren desalojar de un predio que ocupan desde el 2005, con un amparo interpuesto por el dueño del terreno, al cual aseguraron que le ganaron el juicio que puso contra ellos por invasión. Por su parte, el representante legal del propietario, Omar Prestegui Valente, Melquiades … Continúa leyendo Adjudica juez a particular propiedad en Las Playas que había repartido el Invisur

Julio 15, 2017

Mariana Labastida 

Vecinos del Fraccionamiento Las Playas expusieron que los quieren desalojar de un predio que ocupan desde el 2005, con un amparo interpuesto por el dueño del terreno, al cual aseguraron que le ganaron el juicio que puso contra ellos por invasión.
Por su parte, el representante legal del propietario, Omar Prestegui Valente, Melquiades Olmedo Montes, expuso que su cliente está dispuesto a escriturar el terreno a quienes lo ocupan actualmente, si las autoridades están dispuestos a comprarlo.
Ayer, el apoderado legal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Ambrosio Hernández Velasco, llegó al terreno para entregarle la propiedad al cliente de Olmedo Montes. Sin embargo, para no afectar a quienes viven en el terreno se acordó una mesa de trabajo en Chilpancingo para buscar una solución que beneficie a ambas partes.
Los vecinos, habitantes del polígono 15 ubicado en el fraccionamiento Las Playas en la Gran Vía Tropical, explicaron que en marzo del 2005, 16 de ellos firmaron con el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) un contrato de apertura de crédito y pagaron los primeros dos mil pesos del costo que tendría el predio. A otros les dio una carta de posesión. Sin embargo, cuando quisieron hacer el primer pago de los terrenos no se los aceptaron y fue cuando comenzó el problema.
El Invisur ofreció los predios porque estaban incluidos en un decreto expropiatorio que firmó en ese entonces gobernador, René Juárez Cisneros, el 21 de diciembre del 2004. Meses después, en noviembre del 2006, el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo firmó otro decreto en el que se indicaban parcialmente insubsistentes algunos de los terrenos del fraccionamiento Las Playas, entre ellos el polígono 15.
Esto a petición de quien demostró que era propietario porque no se habían ocupado todavía los terrenos y pidió la reversión del decreto.
Este inicialmente demandó por despojó a quienes ocupaban la propiedad, juicio que perdió por los vecinos demostraron que a ellos el Invisur les había autorizado ocuparlo.
Uno de los vecinos y representante legal, Leonardo Tecorral Alilio, expuso que han solicitado diversos amparos para evitar ser desalojados e indicó que en el último que salió a favor del supuesto propietario, a ellos no les notificaron nada.
Por lo que enfatizó que el gobierno del estado tiene que intervenir porque el Invisur debe de recuperar el terreno que les ofreció o reubicarlos.
Por su parte, Olmedo Montes explicó que al perder el primer juicio, su cliente demandó directamente a las dependencias estatales, “no es en contra de los que están ahorita, sino digamos en contra de la institución que en este caso es el Ejecutivo del estado y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial”.
Indicó que han sido 12 años en las que han litigado contra de cada uno de los gobernadores que han estado durante dicho periodo, y después de 15 amparos, un juez federal ordenó al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que le dieran posesión al legitimó dueño.
Esa fue la razón por la que ayer, personal de la dependencia estatal acudió a entregar la propiedad a Melquiades Olmedo como abogado del dueño.
Olmedo Montes expuso que el primero en actuar mal fue el Invisur porque después del decreto nunca tomó posesión de los predios que se expropiaron, pero si celebró promesas de venta, lo cual es una irregularidad.  Por ello fue que su cliente actuó contra las autoridades.
Melquiades Olmedo dijo que su cliente no quiere perjudicar a nadie, y si el gobierno del estado paga el valor del mismo, no tiene problema en entregar la propiedad para que se venda a quienes la están ocupando.