Al menos nueve reporteros fueron agredidos y apuntados con armas por parte de la Policía del Estado y la Policía Federal, que además golpearon al fotógrafo Bernardino Hernández Hernández, a quien le robaron dos tarjetas de memoria en las que recogió imágenes del desarme a  policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que dejó tres muertos.
La agresión ocurrió durante el desarme en la comunidad de La Concepción, a las 11:30 de la mañana, cuando los policías estatales y los federales, en coordinación con ministeriales, realizaron la acción.
Hernández Hernández fue golpeado por policías estatales en el cuerpo, según lo relatado por él, cuando logró salir del lugar donde fue también encañonado por los estatales para que entregara su equipo fotográfico. El agraviado tenía un cachazo en la frente, además un golpe fuerte en la rodilla izquierda.
Pese a que los reporteros que se encontraban cubriendo el enfrentamiento, ocurrido a las 3 de la madrugada, estaban plenamente identificado por los policías del estado, éstos al momento de realizar el desarme no respetaron a nadie.
Al reportero Jacob Morales dos policías, uno del estado y otro federal, le apuntaron desde unos 10 metros de donde se encontraba recostado y grabando con su celular,  y una vez que dijo que era reportero y bajó su teléfono ambos elementos apuntaron hacia otro lado sus armas.
Otro reportero que fue apuntado fue el corresponsal de La Jornada en Guerrero, Héctor Briseño; otro amedrentado e intimidado fue el reportero de Quadratín Guerrero, Sergio Robles, al igual que el fotógrafo de La Jornada Guerrero, Rubén Santiago, quien fue sacado a la fuerza de un espacio donde se alojó para protegerse.
En el lugar también estaban el fotógrafo de El Sur, Carlos Alberto Carbajal; y los reporteros Roberto Ramírez, Francisco Robles y Roberto Arroyo Matus.
A la 1 de la tarde, al final de la conferencia de prensa en un salón del hotel Elcano, en la que el fiscal Javier Olea Peláez informó de la detención del presunto asesino del funcionario estadunidense Douglas Bradley, un grupo de reporteros denunciaron ante él y el vocero de Seguridad Pública, Roberto Álvarez Heredia, las agresiones y amenazas que sufrieron por agentes de la Policía Estatal y Ministerial, a quienes acusaron de disparar contra ellos.
En la conferencia acompañó a los funcionarios la directora de Comunicación Social del estado, Erika Lührs.
El foto reportero freelance, Bernardino Hernández, una de cuyas fotografías sobre la naercoviolencia en Acapulco fue publicada entre las mejores de 2017 por la revista estadunidense Time, contó que fue golpeado por cuatro policías estatales que averiaron su cámara fotográfica y le robaron dos tarjetas de memoria con las imágenes que había captado sobre el enfrentamiento entre policías estatales con policías comunitarios.
Los reporteros solicitaron la devolución de las dos memorias y responsabilizaron de la agresión al comandante de la Policía Estatal que iba a cargo de la operación.
Bernardino Hernández señaló que los agentes lo golpearon, que recibió varias patadas, que lo arrastraron como unos 50 metros y que a pesar de que se identificó como fotoperiodista le respondieron: “me vale madre para quien trabajes, aquí te vamos a desaparecer”.
Mientras que los demás reporteros que hacían la cobertura informativa fueron amedrentados por los agentes, que los rodearon y los encañonaron con sus armas y les impidieron tomar fotos.
El fiscal les ofreció disculpas y les rogó que acudieran la Ministerio Público Central a presentar la denuncia, que llevaran el proyectil percutido que los reporteros presentaron y les pidió que presentaran el nombre del comandante, pero éstos alegaron que no lo sabían porque esos efectivos no se identifican y mostraron la fotografía de uno de los presuntos agresores.
“Yo me comprometo a sancionar a ese servidor público pero necesitan presentar la denuncia, se los ruego y porque hay un robo de su material de trabajo y las lesiones”, les insistió el fiscal.
Agregó que debían acudir con el médico legista para certificar las lesiones, e instruyó a uno de sus colaboradores a que vía telefónica le pidiera al fiscal regional Ricardo Quevedo Astudillo que atendiera personalmente a los comunicadores.