Se urge al gobierno mexicano a consultar a las comunidades “en éste y todo tipo de proyectos” que afecten sus derechos,
informa el Espacio DESC

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno mexicano consultar “adecuadamente a las comunidades” que pudieran ser afectadas de construirse la presa hidroeléctrica La Parota, y garantizar “el previo consentimiento informado” de los pueblos en cualquier proceso de toma de decisiones, con todo tipo de proyectos que afecten sus derechos.
Lo anterior fue informado en un boletín de prensa del Espacio DESC –integrado por organizaciones de la sociedad civil que elaboran el Informe Alternativo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales–, sobre las 21 recomendaciones emitidas el pasado día 19, que se refieren a “múltiples violaciones” al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU.
Entre estas destaca la que se refiere “explícitamente, en el párrafo 28”, al proyecto La Parota, en la que dicho Comité “urge al Estado Mexicano a que consulte adecuadamente a las comunidades” que pudieran ser afectadas “por ésta u otras megaobras” y exige que “se garantice el previo consentimiento informado de las comunidades, en cualquier proceso de toma de decisiones relacionado con proyectos que afecten sus derechos reconocidos en el PIDESC”.
Se recomienda también que el gobierno mexicano reconozca “los derechos de propiedad y posesión de las comunidades sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, y en su caso asegurar una adecuada compensación y/o reubicación que incluya tierras fértiles para los cultivos”.
El Comité pide “referirse de forma especial a las observaciones generales 14 y 15” del Pacto, que detallan “el derecho al nivel más alto de salud y el derecho al agua, respectivamente”.
Por su parte, el Espacio DESC reitera en el boletín que en múltiples ocasiones han denunciado “las violaciones a los derechos humanos que este proyecto implicaría”, y exigen “a todas las instancias gubernamentales que cumplan a cabalidad con las recomendaciones ya señaladas”, pues son resultado de la violación de obligaciones internacionales asumidas por México al ratificar el Pacto.
Y advierte que “sería de especial gravedad que el gobierno continúe violando sus obligaciones y no atienda las recomendaciones de un órgano tan relevante al interior del sistema de protección de derechos humanos de la ONU, cuando ha asumido la presidencia del recién creado Consejo de Derechos Humanos de la misma instancia internacional”. (Redacción).