Mariana Labastida

Vecinos del condominio Orizaba, de la colonia Progreso, denunciaron que les hicieron fraude al venderles sus departamentos, debido a que se tiene una deuda de más de 400 mil pesos por la factibilidad para el uso del agua potable, tramite que debió pagar la empresa constructora, además de que la licencia de construcción que les mostraron para la compra no existe en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipal.
Otras irregularidades, dijeron, son que a unos les ofrecieron como área común la azotea del edificio y a otros como un espacio considerado como cuarto de servicio, siendo la misma zona para ambos.
Según saben los vecinos, el constructor es Raúl Schulz Loyo, quien sólo aparece como vendedor de uno de los departamentos. El que firma las escrituras y aparece en los documentos es Carlos Ignacio Serrano Peredo, quien es chofer Shulz Loyo, y la vendedora de los departamentos es Amelia Elena Hernández Toscano, quien no hizo la entrega formal del departamento a ninguno de los compradores.
En 2013, Rafael López Núñez y Martha Ortega Salinas vieron la oportunidad de comprar un departamento en el condominio Orizaba, ubicado en la calle del mismo nombre en la colonia Progreso.
Es un edificio de 18 departamentos, cuatro por piso, y de un lado están los que son de dos habitaciones y el otro lado los de tres.
Los compradores no tardaron mucho tiempo en darse cuenta de las irregularidades del lugar, y lo primero que les pareció raro es que la vendedora nunca les hizo entrega formal del inmueble, sino que en la notaría, donde firmaron las escrituras, les entregaron las llaves como seguridad porque ya habían pagado.
La visita que les prometieron para la entrega formal nunca se hizo, por lo que los detalles que tenía el departamento, como que las puertas no cerraran bien o las goteras nunca se pudieron reportar al constructor porque no volvieron a ver a la vendedora, que después de un tiempo dejó de responderles el teléfono y cambió la oficina que tenía.
A los pocos meses, dijeron los afectados, les notificaron de la CAPAMA de un adeudo de una toma de agua, que después descubrieron que estaba sin funcionar pero que el constructor no dio de baja.
Al intentar los vecinos que la CAPAMA les colocara medidores para cada vivienda y no tener que pagar entre todos el recibo, se dieron cuenta que la carta de no adeudo en la paramunicipal que les dieron era falsa porque se debía la factibilidad para la construcción y la toma estaba a nombre del propietario anterior.
Eso derivó en que los vecinos se organizaran para investigar más sobre la situación del lugar que habían comprado, y se encontraron con que la licencia de construcción, expedida el 17 de septiembre de 2012, en la administración de Verónica Escobar, quien se quedó en lugar de Manuel Añorve Baños al irse como candidato a gobernador, no existía.
La autorización que supuestamente se expidió a Carlos Ignacio Serrano Peredo para la construcción del edificio de 18 viviendas, cuyo director Responsable de Obra, según aparece es Víctor Cortés Crespo, no existe en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, sólo es un número de registro pero para la remodelación del segundo nivel de una vivienda.
“Nos dijeron que a Shulz lo conocen como una persona fraudulenta”, señaló Rafael López, quien resaltó que el problema es que ellos compraron un lugar para vivir, pero sólo adquirieron problemas por las deudas que dejó el constructor. “Además de vivir con la zozobra de si se va a caer o no el edificio”, porque, señaló, descubrieron en una revisión de Protección Civil que no tiene columnas, que las que están en el estacionamiento sólo sostienen el primer piso y el resto de los departamento no están seguros cómo están sostenidos.
“Estamos en un pedazo de cielo”, expuso Martha, e indicó que las paredes de la entrada tienen fisuras y les dijeron que porque están como sobrepuestas, que no las hicieron conforme se levantó el edificio.
Los afectados reprocharon que las autoridades no hayan puesto atención a dicha construcción, lo que les hace pensar que nunca se supervisó y que la CAPAMA hasta que ya estaba ocupado apareció para cobrar los adeudos y no durante el desarrollo del proyecto.
Lamentaron que las autoridades se presten para entregar documentos falsos al Registro Público de la Propiedad.afectados