El juez sexto de Primera Instancia Penal, Gonzalo Santos Salazar, dejó en libertad al presunto agresor sexual de una niña de 12 años, Hermenegildo Damián Perales, pese a que hay exámenes psicológicos y ginecólogicos a los que fue sometida la menor y que acreditaron el delito.
La mama de la agraviada, Laureana Morales Nava, denunció que recibió amenazas del agresor y teme por su vida y la de sus hijos.
En una visita a la Redacción de El Sur, acompañada por la abogada Silvia Galeana Valente, representante de Fundación Bloque de Mujeres al Poder y María de Jesús Martínez de la asociación Mujeres y Hombres Avanzando Juntos, criticaron que mientras la mujeres denuncian y el Ministerio Público hace las averiguaciones, en el Poder Judicial los jueces dejan libres a los agresores.
Morales Nava contó que Hermenegildo Damián fue su esposo, que procrearon tres hijos y vivieron juntos 12 años, y que su hija mayor la tuvo ella antes de casarse con él.
Recordó que se enteró de las agresiones sexuales contra su hija el año pasado, y que el 8 de enero de 2015 presentó la denuncia pero tenía miedo porque había recibido amenazas.
Indicó que su hija le contó que desde los 12 años su padrastro abusaba de ella y la amenazaba con que mataría a su madre y se la llevaría lejos junto con sus hermanos, que por eso le dijo hasta que cumplió 14 años.
Señaló que el agresor abusaba de su hija cuando ella se iba a trabajar, y que después de que presentó la denuncia a la menor le hicieron pruebas ginecológicas y exámenes psicológicos.
Hermenegildo Damián fue detenido el 3 de abril y el 17 de junio salió en libertad porque, de acuerdo con el juez, no hubo suficientes pruebas para sentenciarlo “y que el testimonio de mi hija no era suficiente”.
Morales Nava señaló que después de que Hermenegildo Damián fue aprehendido la amenazó: “me dijo que de todas maneras iba a salir y se la iba a pagar muy caro, que yo y mi hija lo íbamos a pagar, que hiciera lo que hiciera iba a salir y que lo esperara porque tarde o temprano iba a acabar conmigo”.
Agregó que su hija acudía a recibir terapia pero la suspendió porque le llamaban a su celular para amenazarla de que no siguiera la demanda.
También Eleazar Damián, hermano del agresor, le llamó para ofrecerle dinero a cambio de que desistiera de la demanda.
Contó que el juez le dijo que el agresor también tenía derechos “aunque haya cometido un delito”, y ella le reclamó al juez y dejó absuelto al agresor.
La abogada Silvia Galeana reprochó que el juez no haya tomado en cuenta la declaración de la menor ni las pruebas médicas que se le hicieron, tampoco el protocolo de actuación a favor de niños y adolescentes y la violación al interés superior de la infancia.
“La niña debía ser atendida de manera integral y el agresor ser sancionado”, dijo.
Denunció que es contradictorio que el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado (Cecofam) atienda a la víctima de violación y por otro lado el juez libere al agresor, “es incongruencia del Poder Judicial que por un lado atiende a la víctima y por otro no sanciona al agresor”.
María de Jesús Martínez, de la asociación Mujeres y Hombres Avanzando Juntos, exigió justicia para la menor y “que se profesionalice el sistema judicial en perspectiva de género y que se cubra el vacío que hay en la aplicación de la justicia”.
Agregó que la impunidad es lo que inhibe a las mujeres para denunciar agresiones, por eso es necesario que el sistema de justicia actúe con perspectiva de género.