Líderes transportistas interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público en contra de algunos ex funcionarios del ramo de la administración de René Juárez por actos indebidos, abuso de autoridad y negociaciones ilícitas.
El 23 de mayo, los representantes de transportistas Abimael Salgado Salgado, Juana Merino Gallardo, Adán Magallanes Peraza, Juan García Torres, Gustavo Radilla Leyva, Evaristo Carbajal Vega, Raúl Ramírez López, José Luis Díaz, Humberto Ortega Gutiérrez, Julio Ríos Martínez, Jesús Gazca González y Marino Román Román interpusieron la querella.
De acuerdo con una copia –en poder de El Sur– los líderes señalan a Miguel Rodríguez Bocanegra, ex delegado del Transporte en Acapulco; Gildardo Gutiérrez Ramírez, integrante de la Comisión Técnica del Transporte del gobierno del estado; Miguel Ángel Monroy López, recaudador número dos, y Gerardo Guinto, quien era contralor del Gobierno, por ejercicio indebido del servicio público, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, negociaciones ilícitas y fraude.
Los transportistas explicaron que dichos funcionarios “de manera indebida y sin tener facultades para hacerlo” quitaron del padrón de Transporte a auténticos propietarios, y a quienes se les había dado una concesión para explotar el servicio de taxis blancos con rojo para la zona conurbada.
Agregaron que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Transporte y Vialidad, la Comisión Técnica “es la única facultada para todo lo relativo al transporte público y no el delegado regional, y en forma ilegal y sin contar con las atribuciones específicas quitaron y borraron del padrón a los auténticos propietarios”.
Aseguran que Miguel Rodríguez, ex delegado de Transporte, y Ángel Monroy, ex recaudador dos, “recibieron pagos indebidos sin contar con la expedición inicial y no admitiéndoles los pagos a los auténticos beneficiarios de dichas concesiones”.
Señalan que para la revocación de las concesiones “es necesario oír al concesionario y permisionario, lo cual no ocurrió, no se les notificó a los permisionarios de que su concesión sería cancelada”.
En otro párrafo se indica que los ex delegados no tiene facultades para revocar una concesión ni para sustituir a una beneficiario, “entonces no tuvieron porqué quitarlas y menos pasar por alto el procedimiento de revocación (…) es una clara violación a la ley”.
En cuanto al fraude y daño patrimonial, denunciaron que ascienden a 94 millones 950 mil pesos, debido “a que clonaron, sacando del padrón de registro a 633 concesiones otorgadas por la Comisión Técnica del Transporte, y por cada concesión se cobraron 150 mil pesos”.
En la demanda los inconformes exigen acción penal contra los ex funcionarios que cometieron dichos ilícitos, asimismo solicitan una orden de aprehensión y la reparación del daño.