El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui y 24 integrantes de la organización y policías comunitarios, fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva por el juez de control, por el delito de homicidio calificado cometido en la comunidad de La Concepción, el domingo 7 de enero.
En un boletín, la Fiscalía General del estado informa que el juez de Control vinculó a proceso a Marco Antonio Suástegui, a su hermano Vicente y a 23 imputados más como presuntos responsables del homicidio calificado cometido “en agravio de habitantes” de La Concepción, el pasado 7 de enero, pero no se menciona el número de muertos de los que se acusa a los integrantes del Cecop y a los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
Ese día durante los dos enfrentamientos en la comunidad de La Concepción, hubo 11 muertos, en el primero, por la madrugada, fueron ocho, seis civiles y dos comunitarios, mientras que al mediodía, durante el desarme de los comunitarios, tres efectivos de esta organización fueron abatidos por policías estatales.
La audiencia privada comenzó a las 2:30 de la tarde culminó a las 10:30 de la noche, y hubo 2 horas de receso.
Ayer en un aparatoso operativo policiaco con la participación de 10 patrullas de policías del estado y miniteriales, dos autobuses trasladaron a los detenidos desde el penal de Las Cruces hasta las instalaciones de Ciudad Judicial, en el bulevar de Las Naciones.
En declaraciones por teléfono a la medianoche, el abogado del Centro de Derecho Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que el Ministerio Público no se conduce de buena fe y que el proceso está viciado y presenta inconsistencias.
Agregó que se está tratando de responsabilizar de la muerte de seis personas al vocero del Cecop, “van a tono con lo que el gobierno del estado trata de hacer, de responsabilizar a Marco Antonio Suástegui Muñoz”.
Agregó que “nosotros lo que vemos es que hay una mala fe de la Fiscalía –General del estado– hay la intencionalidad de colocar a Marco Antonio como el responsable de los homicidios”, pese a que no estuvo presente en la balacera que ocurrió en La Concepción a las 3 de la madrugada, del domingo 7 de enero.
Indicó que entre los vinculados a proceso se encuentran 10 integrantes del Cecop que llegaron a la asamblea, además de dos personas en reeducación y que el resto, que son policías comunitarios, no estuvieron presentes durante la balacera, y señaló que “es perverso de la Fiscalía” trate de hacer ver que todos los policías comunitarios dispararon.
Dijo que entre los detenidos está un tío del vocero, a quien identificó como Juan Suástegui Valeriano, de 85 años, quien asistió a la asamblea dominical y fue aprehendido y se le acusa de haber disparado un arma.
El abogado señaló que hay un espacio enorme entre la hora que ocurrieron los hechos, a las 3 de la madrugada, y la hora en que llegó la policía, a las 11:30 de la mañana, para desarmar de forma violenta y utilizando la fuerza letal contra los policías comunitarios.

Dictan prisión preventiva a Suástegui y a…

Reiteró que la Policía del Estado asesinó de manera extrajudicial a tres policías comunitarios, y sostuvo que hay pruebas que “el MP sacó y que son ilícitas”.
Indicó que durante la audiencia el Ministerio Público trató de enmendar la investigación presentando a otros cuatro testigos que utilizan los datos generales que tomó el Ministerio Público de los detenidos, mientras que los tres primeros testigos hicieron sus declaraciones de manera muy genérica.

El boletín de la Fiscalía

En un boletín enviado a las 11:49 de la noche, la Fiscalía informó que el vocero del Cecop, así como Javier Maximino y 21 imputados más fueron vinculados a proceso como responsables del homicidio en agravio de habitantes de La Concepción.
En el texto no se precisa el número de muertos que hubo en el primer enfrentamiento, que fueron ocho, dos de ellos policías comunitarios de la CRAC y seis habitantes de La Concepción, y tampoco se indica que el número total de muertos fueron 11, por los tres policías comunitarios asesinados horas después, durante el desarme por parte de Policías del Estado.
Además se vinculó a proceso a los 25 detenidos por el delito de homicidio calificado, y el juez dio un termino de seis meses para la investigación que termina el 14 de julio, mientras que los detenidos fueron enviados al penal de Las Cruces.