Ramón Gracida Gómez

El Estado mexicano tiene una “deuda” con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) de cancelar oficialmente la presa, porque “aunque los logren frenar los pueblos, siempre van a ser megaproyectos latentes, siempre van a ser proyectos que el Estado en cualquier momento puede revivir”, advirtió la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) e integrante del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), María González Valencia.
El homicidio del vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz es el más reciente de la lista de 18 integrantes del Mapder asesinados, 12 del Cecop y el resto de Oaxaca y Veracruz, desde su fundación en 2004, territorios que tienen en común que “hubo una disputa ahí por grupos criminales por los materiales pétreos de los ríos”.
La defensora del territorio criticó que el actual gobierno federal “está volviendo a la imposición de estos megaproyectos de muerte que son la construcción de presas; o sea, estos pueblos logran frenarlas, hay una especie como de impasse en el periodo de (Andrés Manuel) López Obrador”.
Pero “en este sexenio nuevamente están presentes los grandes embalses en el Plan Nacional Hídrico y eso sí nos parece realmente grave porque todas las lecciones de estos movimientos que han frenado tantos megaproyectos, que han defendido su territorio, que han mostrado que hay otras alternativas para generar electricidad o para abastecimiento de agua y que las represas no son una opción”.
La directora del Imdec, con sede en Guadalajara y acompañante de las luchas contra los proyectos de Jalisco, mencionó algunos reactivados después de que los pueblos ya los habían rechazado, como la presa de Las Cruces en Nayarit y otra en Zacatecas.
Aseveró que los proyectos de presas, “aunque los logren frenar los pueblos, siempre van a ser megaproyectos latentes, siempre van a ser proyectos que el Estado en cualquier momento puede revivir”.
Acotó: La Parota no aparece en el Plan Nacional Hídrico, en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad ni en el Plan México, “pero definitivamente una demanda de los pueblos de todas las luchas del Mapder es la cancelación oficial y definitiva de estos megaproyectos por parte del Estado mexicano”.
“En esta perspectiva hay una deuda con el Cecop, esa demanda la sigue haciendo el Cecop, la siguió haciendo durante todo el sexenio de López Obrador, de que oficialmente la presa La Parota fuera cancelada y no sucedió”.
Asimismo, agregó la integrante del Mapder, el Estado mexicano debe una “reparación integral de los daños” a los afectados de las presas.
Relató que el Mapder nació en 2004, cuando se efectuó el primer encuentro nacional en la comunidad de Aguacaliente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec durante la lucha del Cecop contra la presa La Parota y “en el marco de la lucha en México contra la construcción de grandes presas, de grandes embalses, ya sea presas hidroeléctricas o para el consumo de agua”.
En aquel año llegaron representantes de las luchas contra proyectos hidroeléctricos de varias partes del país, como Jalisco, Nayarit, Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
González Valencia afirmó que el movimiento ha sido “muy importante a nivel nacional que visibiliza, que visibilizó lo obsoleto de la construcción de las presas, de las represas, de los embalses, en el sentido ecológico, social, ambiental, económico, y sobre todo que genera a los ecosistemas, a los ríos, y genera pues grandes violaciones a los derechos humanos”.
Destacó que el Mapder frenó más de 10 “grandes embalses” como la presa La Parota, la presa Las Cruces en Nayarit, la presa de Pasos de la Reina en Oaxaca y la presa Arcediano en Jalisco.
Dijo que el asesinato de Suástegui Muñoz “es muy grave en el sentido que al final defender la tierra, el agua, los ríos, le cuesta la vida, o sea, Marco Antonio fue un gran compañero, un gran luchador, integrante del Cecop, fundador también del Mapder”.
Destacó que durante toda su lucha el vocero del Cecop “fue amenazado, hostigado, perseguido en todo momento, él y obviamente el movimiento del Cecop”, y rememoró sus tres detenciones, una de ellas en el penal de máxima de seguridad de Nayarit en 2014, la desaparición de su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz en 2021, el robo de sus herramientas de su trabajo y la falta de protección por parte del gobierno.
Lamentó que la detención de “ese gran mega proyecto de muerte que era la presa La Parota” ha tenido costos “muy grandes”, puesto que el asesinato de Suástegui Muñoz forma parte de la lista de los 12 integrantes del Cecop ultimados, además de los tres que siguen detenidos.
Los 12 muertos del Cecop se integran a la lista de 18 integrantes del Mapder asesinados desde su fundación en 2004, los demás son cinco opositores al proyecto de Paso de la Reina en Oaxaca en 2021 y un luchador contra el proyecto hidroeléctrico El Naranjal en Veracruz en 2013.
La directora del Imdec, asociación que forma parte de la Red TDT, aseveró que “la defensa del agua, de los ríos, de la tierra y del territorio en este país pues cuesta la vida, y en todos los casos de estos compañeros que lamentablemente y cobardemente fueron asesinados, las presas no se construyeron”.
Se le mencionó que el proyecto de la presa La Parota parecía ya no estar tan presente, que ya habían pasado los años más álgidos, y González Valencia reviró: “los movimientos que defienden la tierra, y en este caso todas las luchas y los movimientos que son parte del Mapder, nunca han dejado de luchar”.
“Han tenido, digamos, momentos más álgidos o mediáticamente más visibles cuando las amenazas de la construcción de los megaproyectos han estado en su clímax, pero como te mencionaba, todas las luchas del Mapder lograron frenar la construcción de represas”.
Recordó que Suástegui Muñoz seguía activo como defensor del territorio y opositor a la privatización de las playas, “yo creo que Marco definitivamente para los intereses económicos y políticos pues siempre fue un enemigo, entonces jamás lo protegieron y siempre lo persiguieron”.
La integrante del Mapder anotó que cuando se formó el movimiento nacional contra las presas, los territorios “en ese entonces no estaban tan controlados por grupos criminales y los contextos campesinos e indígenas rurales en este país empezaron a ser mayormente controlados por la macrocriminalidad y eso también debilita a los movimientos”.
Suástegui Muñoz fue baleado en la calle Fragata de Yucatán, en la playa Icacos, el 18 de abril, al día siguiente, el Mapder emitió su posicionamiento exigiendo que se investigara y se castigara a los responsables del ataque; el Imdec también se pronunció en distintos comunicados por su asesinato consumado el 25 de abril, después de una semana de estar hospitalizado.