El presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido de La Sabana, Mariano Molina Salinas, informó que la federación ya ordenó el pago de 5 millones de pesos por la expropiación de los ejidos que ocupa el Viaducto Diamante.
Expuso que desde febrero se le solicitó al gobierno del estado que se garantice el pago en lo individual a los ejidatarios.
En conferencia de prensa en el Zócalo de La Sabana, Molina Salinas indicó que el mes pasado, en el Diario Oficial de la Federación se ordenó el pago de 35 millones de pesos por los terrenos expropiados. Recordó que anteriores comisariados recibieron 30 millones de pesos y esperan que lo restante no sea administrado por esas autoridades, porque enfrentan una denuncia por fraude iniciada por los mismos ejidatarios.
Expuso que desde febrero se le solicitó al gobierno del estado que se garantice el pago en lo individual a los ejidatarios.
Con el decreto ya publicado, agregó, se le pidió al gobernador Héctor Astudillo que se instale una mesa de trabajo para encontrar los mecanismos para el cobro de los 5 millones de pesos.
Molina Salinas pidió al fiscal regional de Acapulco, Ricardo Quevedo Astudillo, que ordene al fiscal del sector Renacimiento que se aboque a la investigación contra el ex comisario ejidal Ubaldo Muñoz del Carmen por el delito de fraude contra ejidatarios de La Sabana.
Recordó que con Muñoz del Carmen recibió 10 millones de pesos durante su administración “de los que solamente fueron repartidos 4 millones y medio de pesos, eso fue uno de los motivos por el que se denunciaron los hechos y se abrió la correspondiente investigación”.
Recordó que otro de los señalados por fraude es el actual comisario ejidal Higinio Salazar Ozuna, quien recibió 20 millones de pesos como parte de la indemnización y de ella repartió 9 millones y medio.
De los 30 millones ya entregados como parte de la expropiación hay un faltante de 11 millones de pesos que no han justificado las dos administraciones anteriores desde el 2009 al 2017.
Molina Salinas llamó al delegado de la Procuraduría Agraria, Ezequiel Zúñiga Galeana, para que investigue y colabore en la carpeta de investigación por el fraude.
También pidió que se cambie a los procuradores por el desvío de los 30 millones de pesos que no se entregaron a los 316 ejidatarios afectados.
Desde el 2004 se iniciaron los litigios para la expropiación del ejido de La Sabana que se ocupó para la construcción del Viaducto Diamante .