Policías Ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) irrumpieron en cuatro casas de la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, donde asesinaron a balazos a tres mujeres, un hombre, un adolescente y un bebé de cuatro meses.
Asimismo dejaron heridos a tres menores más, uno de los cuales murió en el hospital, y saquearon, robaron y quemaron una casa.
A las 11 de la mañana, los vecinos de las casas ubicadas a unos 150 metros de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional escucharon los balazos.
Se indicó que en una de las tres casas baleadas quedaron muertos Amalia, de 37 años de edad y sus dos de sus hijos, uno de 17 años y otro de 4 meses, mientras que su hija de 8 años resultó herida y fue trasladada al hospital.
El cuerpo de la mujer quedó en la parte baja de una litera, de donde colgaba una hamaca, donde dormía el bebé cuyo cuerpo no se observó. A su alrededor había dos colchones y ropa tendida.
En una casa contigua estaban otros dos cuerpos y en una tercera uno más, que fueron identificados como Carmen, de 24 años; Agustín, de 65 y Mariana, de 45. Todos tenían impactos de bala en el cuerpo, de acuerdo con las declaraciones de los familiares.
Por su parte, dos niños, uno de 1 año y otro de 11, que estaban en el patio al momento del ataque, resultaron heridos, pero el más chico murió en el hospital, indicó una fuente de Seguridad Pública.
Adentro de las viviendas, hechas de concreto y láminas de asbesto, había cajas, roperos y otros objetos en el piso rústico, que fueron esculcados por los miembros de la UPOEG.
De acuerdo con los vecinos y familiares de los asesinados, éstos habían salido a buscar a otro familiar que presuntamente fue detenido por los policías ciudadanos y asesinado, porque muy de mañana se escucharon disparos y su cuerpo no apareció.
Indicaron que cuando buscaban en los terrenos cercanos a un lugar donde se encuentra una zona de resguardo del grupo de policías ciudadanos, éstos los vieron y se molestaron, por lo que los siguieron hasta sus casas.
El comisario de ese poblado, que cuenta con mil 500 habitantes, Cayetano Bello Delgado, sin saber lo que pasó, dijo que la “Policía Comunitaria”, como identifica a la Policía Ciudadana de la UPOEG, llegó a las casas y dispararon contras las personas y niños.
Indicó que una parte de los vecinos apoyan a los policías ciudadanos pero la “gran mayoría no está de acuerdo”.
Al tratar de ser abordada la madre de la señora asesinada, una perito de la Fiscalía exigió a los reporteros dejar de preguntar y alejarse, pese a que los reporteros se encontraban fuera del área acordonada.
Rostros pálidos, con coraje, rabia e impotencia, y miradas temerosas mostraban los vecinos que se acercaron al lugar de los hechos.
Entre llantos, los familiares relataron los hechos y responsabilizaron directamente a los policías ciudadanos de la UPOEG, a quienes identificaron como “los que piden limosna en la carretera”, y es que los civiles armados mantiene un retén en la carretera federal, donde piden una cooperación voluntaria a los automovilistas.
La hermana de Amalia, Victoria Santo Ramírez, recriminó el asesinato del bebé de cuatro meses: “los niños no tienen la culpa, ese bebé de cuatro meses imagínense ¿qué culpa tiene ese niño?”.
La señora identificó al comandante Daniel como uno de los que encabezaba a los policías que irrumpieron en las casas, y señaló que abrió las puertas a escopetazos y mató a su hermana, al adolescente y al bebé, a quien, aseguró, le pegaron y lo azotaron contra el piso.
Denunció que su casa, aledaña a la de su hermana, fue abierta y le robaron 20 mil pesos en efectivo que guarda de las ganancias de la venta de codornices, así como una alcancía llena de dinero, además de que la incendiaron.
Parada en la entrada de la vivienda de paredes de concreto y láminas de asbesto, la afectada mostró la ropa que fue quemada, así como otros objetos; “malditos perros”, repitió la señora en varias ocasiones contra los policías ciudadanos, a quienes les exigió que regresen lo robado.
Santo Ramírez sostuvo que no había tenido ningún problema o incidentes con los civiles armados, y que incluso todos los días pasa frente al retén que mantienen en la carretera federal.
Después contó a los reporteros que los policías ciudadanos “siempre hacen de la suyas, agarran a uno, lo golpean, se los llevan y hacen lo que quieren”, y que incluso tienen el permiso para matar si así lo deciden.
El esposo de la señora asesinada, Amalia, Jaime Javier Gálvez, indicó que él no es una persona que porte armas, que se dedica a cortar cocos, al igual que su hijo asesinado, que tenía 17 años.
Explicó que no estaba en su casa porque se había ido a trabajar en la comunidad de Las Chanecas, “si yo tuviera problemas me hubieran matado a mí no a mi familia”.
Vecinos exigieron justicia y solicitaron el apoyo de las autoridades, asimismo señalaron que los policías ciudadanos “son bien groseros”, que golpean a los detenidos e incluso exigen una cuota a los transportistas de las rutas que van a las localidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y les han dicho que “tienen derecho de matar”.
Al lugar de los hechos llegaron policías municipales, del estado, militares, federales y ministeriales que acordonaron la zona mientras se realizaron las diligencias.

La irrupción de la UPOEG

El pasado 8 de marzo, unos cien policías ciudadanos, apoyados por habitantes afines a las empresas gravilleras que explotan el río Papagayo, irrumpieron con armas exclusivas del Ejército en los Bienes Comunales de Cacahuatepec y trataron de imponer asambleas para aprobar su permanencia, pese a la Policía Comunitaria de Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que opera desde 2013.
En ese momento se observó que los integrantes de la UPOEG, encabezados por el comandante regional Ernesto Gallardo Grande, llegaron con armas exclusivas del Ejército, como fusiles AK-47, AR-15, 3.80, 9 milímetros, Pietro Beretta, Uzi, además de escopetas.
Pese al llamado de los integrantes del Cecop para que el gobierno interviniera y sacara a la agrupación, éste no fijó ninguna postura.
El pasado 14 de mayo, en una conferencia en Chilpancingo y luego de un enfrentamiento entre la UPOEG y el FUSDEG en Ocotito, el gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que se actuaría contra los dirigentes de las organizaciones porque no estaban reconocidas dentro de la Ley 701, que reconoce a la Policía Comunitaria de la CRAC como parte del sistema de seguridad en el estado y que actualmente se encuentra en proceso de reforma.
“Ninguno de los dos grupos está considerado dentro de la Ley 701 de Cultura, Derechos y Reconocimiento de los Pueblos Indígenas del Estado. Se procederá contra quienes resulten responsables”, afirmó Astudillo Flores durante la conferencia.
Ayer después del medio día, la primera versión que circuló en medios de la fuente policiaca decía que había ocurrido un enfrentamiento entra policías de la UPOEG y comunitarios de la CRAC afines al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. Al respecto, vía telefónica, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, se deslindó de esos hechos, y dijo que la Policía Comunitaria de Cacahuatepec que pertenece a la CRAC no tuvo nada qué ver y cerca de las 5 de la tarde un grupo de esa organización estaba llegando al lugar de los hechos para informarse.

Ya se investiga: Alvarez Heredia

El vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, informó que la Fiscalía General del estado inició una carpeta de investigación por el homicidio de seis personas, entre ellos dos menores de edad, además de lesiones en contra de tres más, ocurridos ayer en San Pedro Cacahuatepec.
En un comunicado, dijo que de acuerdo con las primeras investigaciones y declaraciones de familiares de los muertos y heridos, la tarde de este viernes varios hombres armados llegaron a las viviendas ubicadas en el punto conocido como “brecha de la Ceiba”, y dispararon contra sus moradores, privando de la vida a seis e hiriendo tres, al parecer todos miembros de una sola familia.
Indicó que policías federales localizaron los cuerpos sin vida de seis personas: tres mujeres de 37, 24 y 45 años de edad, y tres hombres, de cuatro meses de nacido, 17 y 45 años.
Además de tres personas heridas: una niña de 8 años de edad, un niño de un año y otro de 11, que fueron trasladados a un hospital de Acapulco.