Karla Galarce Sosa

La jueza Sexta Civil y Mercantil de Primera Instancia del Distrito de Tabares, Delfina López Ramírez, estimó que en tres o cuatro años estarán resueltos los juicios mercantiles que aún llevan los seis juzgados de Acapulco en el sistema tradicional, toda vez que el nuevo sistema de justicia oral atiende los nuevos casos de los cuales 16 fueron resueltos el año pasado por el juzgado que ella preside.
En entrevista en su oficina ayer dijo que el retraso en la emisión de la sentencia para los casos que deben ser resueltos con el sistema tradicional de justicia, son retardados “en la mayoría de los casos por los abogados”.
Para la López Ramírez, una bondad de los juicios orales es que una vez depurado y declarado el proceso, hay una etapa de conciliación que permite llegar a un arreglo, pues una vez establecido el juicio tardaría hasta tres meses en desarrollarse y ejecutarse una sentencia con la salvedad de que no se difieran las audiencias por alguna causa; en caso contrario, se aplazaría un mes más.
“Los jueces somos mediadores y las bondades de conciliar en esa etapa, todo lo que se hace, es para que las partes entren en un nivel de confianza, diriman sus diferencias y lleguen a un acuerdo, aunque yo como juez escuche, porque todo lo que se diga en esa etapa de conciliación no será ventilado en una audiencia”, explicó.
Respecto al retraso en la resolución de las demandas en el sistema de justicia tradicional, en materia mercantil, dijo: “la mayoría de los casos son los abogados que en muchas ocasiones llegan a un convenio con sus clientes porque entre más largo sea más intervención tendrán”.
“A veces el mismo abogado sugiere a los demandados o a los demandantes que hablen y pospongan el asunto”, señaló Delfina López.
Indicó que al ser Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Mercantil, atienden ambos procedimientos y carecen de salas de juicios orales en ese edificio, por lo que las salas de juicios orales de la Unidad de Atención Jurídica son utilizadas por ellos en alguna audiencia de juicio oral.
“La mayor complicación, dijo, es la falta de salas de juicios orales para los casos mercantiles, porque son prestadas”.
Explicó que a pesar de que las reformas entraron en vigor en 2011, hubo una prórroga hasta julio de 2013 para adecuar los espacios.
Destacó que el 25 de enero de éste año se estableció en el Código de Comercio que a partir de 2019, todas las controversias mercantiles serán tramitadas bajo juicios orales, no obstante acotó que los montos no mayores a 500 mil pesos reclamados, serían resueltos a partir de éste año y que los montos de hasta un millón de pesos serán sometidos a ésta modalidad en enero del año entrante.
Explicó que desde la modificación, el cambio establece que las demandas por cifras superiores al millón y medio de pesos serán resueltos por la vía oral.
“El año pasado realizamos 16 juicios en este juzgado y si se calculan por los seis que atendemos esos casos, la cifra se multiplica”, lo que estima 96 demandas mercantiles resueltas mediante juicios orales en un año.
Agregó que el 60 por ciento del trabajo que cuentan los juzgados mercantiles es de ejecutivos mercantiles, es decir que las demandas están basadas en el cobro de una cantidad determinada por medio de un documento: un cheque, un pagaré o una sentencia de condena, un contrato bancario u otro documento.
Descartó que haya rezago en los casos mercantiles y detalló que la demanda común son quienes reclaman herencias, bienes inmuebles que deben ser reclamados monetariamente; y el mayor número de demandantes están relacionados a tarjetas de crédito a partir de la falta de pago, porque incumplen en el pago de créditos hipotecarios o que las personas físicas firmaron un pagaré y no pagaron.
Añadió que temas como la usura, hasta hace tres años se respetaba el “libre pacto”, aunque ahora los jueces tienen la facultad de evaluar el usufructo o explotación del dinero prestado y determinar los montos de pago, gracias a una interpretación de la Suprema Corte de Justicia cuyas cifras de interés moratorio se basan a las tasas bancarias equivalentes de acuerdo a la fecha que se establece el “pacto” entre el prestamista y el solicitante.