Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, aclaró que la reformas para que estados y municipios asuman los costos de atención en las afectaciones por desastres naturales, no anula la ayuda federal, sino que cada orden de gobierno debe responder a las emergencias, y cuando sus capacidades hayan sido rebasadas, intervenga el gobierno de la República.
En entrevista telefónica, indicó que el esquema de atención que se prevé en la reforma a la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, que aprobó el viernes la Cámara de Diputados, es similar la norma vigente que operó en Guerrero en 2023 cuando se declaró la emergencia por las afectaciones en cuatro municipios por los daños que ocasionó la tormenta Max, y el huracán Otis.
Consideró que hay un manejo inadecuado de medios de comunicación que afirman que la nueva legislación carga a los estados y municipios la responsabilidad de contar con recursos suficientes para hacer frente a los desastres naturales, porque se concreta la desaparición de fondos federales para atender las contingencias.
Confirmó que los municipios son los primeros respondientes en situaciones de emergencia, y si es rebasada su capacidad entra el estado, como segundo respondiente, y si es una condición de daños “bastante generalizados”, entonces participa y apoya la federación.
Explicó que el planteamiento es que siempre haya fondos en un estado para atender condiciones de emergencia o de desastres, y que el apoyo federal se brinde una vez que se rebasen las capacidades de las autoridades locales.
“No hay un cambio sustancial, nada más que ahora se exige, porque muchas veces los estados no aportan, nada más solicitaban de manera directa a la federación el apoyo. Ahora debe haber evidencias de que el estado hizo lo propio para tratar de cubrir las necesidades de las personas en las emergencias o en las situaciones de desastres”.
Ahora es una obligación de cada ente de gobierno, tener sus propios recursos para poder atender las emergencias de desastres naturales, pero en caso que sean rebasados, de manera justificada, el siguiente nivel de gobierno interviene.
Indicó que el año pasado el municipio hizo lo propio para tratar de atender las emergencias, y el estado de inmediato intervino, “pero se vio rebasada la capacidad, no era posible atender la condición que se tenía con los recursos del estado, y tomó en sus manos toda la ayuda en gobierno federal”.
Precisó que cada nivel de gobierno debe hacer “lo máximo” para tener un fondo de emergencias, y no indica que estarán solos”.
Cuando se detecta que hay situación grave, como fue el caso de Otis, de manera inmediata se realizaron los procedimientos para emitir la declaratoria de desastres. En la tormenta Max, la federación al detectar la situación extraordinaria, de manera automática envió despensas y aguas a la población.
Precisó que la reforma regula la función de cada nivel de gobierno, “porque no se vale que no tenga nada, frente a los imprevistos”.
Adelantó que en Guerrero está en proceso la emisión de la nueva Ley de Protección Civil con el apoyo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), la Comisión de Protección Civil y esta Secretaría, para consolidar el sistema que tiene la misión de salvaguardar la vida de las personas.