Ramón Gracida Gómez

Casi 100 organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos estatales y nacionales señalan en un comunicado que las autoridades “fueron omisas” para aplicar medidas de protección a favor del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En el documento emitido el sábado afirman que las autoridades tienen un mapeo de los grupos delictivos “y no hacen nada para desmantelarlos. No es casual que el grupo delictivo que desapareció a Vicente Iván Suástegui Muñoz sea el mismo que lo agredió el día de ayer (viernes)”.
Las organizaciones firmantes, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señalan que la agresión contra el comunero “se da en medio de una vorágine de violencia que azota Acapulco, donde las bandas delictivas imponen la ley de las balas ante la inacción de las autoridades y fuerzas de seguridad”.
“Pero la agresión artera contra Marco Antonio no es consecuencia de la violencia irracional del hampa, es la continuidad de una represión sistemática que el líder campesino vive desde que decidió defender el agua y las tierras de los bienes comunales de Cacahuatepec”.
Como antecedentes, mencionan los tres encarcelamientos que ha sufrido el vocero del Cecop a lo largo de su vida, la primera en 2003 siendo gobernador el priista René Juárez Cisneros; la segunda en 2013, cuando fue trasladado a un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit; y en enero de 2018, cuando fue encarcelado junto con Vicente Suástegui, “acusados de un múltiple homicidio del que nada tuvieron que ver”.
“La represión no cesó contra el líder opositor. La Fiscalía del Estado siguió abriendo carpetas por varios delitos. Simultáneamente, las amenazas se empezaron a intensificar en su contra. Ahora lo hostigaban en la playa donde presta servicios turísticos de motos acuáticas y venta de comida desde hace años”.
Las organizaciones firmantes recuerdan que el 5 de agosto del año 2021 fue desaparecido Vicente Suástegui, “las investigaciones apuntan a que fueron integrantes del grupo delictivo que opera en la zona de Tres Palos y a los alrededores, a pesar de que los cabecillas están identificados a la fecha no han sido detenidos. Testigos señalan su posible paradero, pero las autoridades han sido incapaces de encontrarlo”.
Indican que su hermano se puso al frente de su búsqueda, pero “las autoridades fueron omisas para implementar medidas de protección a favor del líder campesino pese a que tenían conocimiento de las amenazas que enfrentaba. Soslayaron deliberadamente los riesgos que enfrentaba”.
A partir de 2024, señalan, “iniciaron fuertes amenazas contra Marco Antonio. Hombres armados llegaban a la playa buscándolo o le pedían que se fuera de ahí. En numerosas ocasiones pidió a las autoridades protección porque peligraba su vida”.
Por la desaparición de su hermano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la familia, incluido el vocero del Cecop, pero “el gobierno mexicano nunca implementó de manera efectiva. De igual forma el Mecanismo de Defensores de la Secretaría de Gobernación le otorgó medidas de protección que se limitaron a un teléfono satelital y un botón de pánico”.
Ante la ineficacia de las medidas, Suástegui Muñoz solicitó el acompañamiento de la Guardia Nacional “porque no confía en los policías municipales y estatales al saber de su complicidad con los grupos delictivos”; sin embargo, la Guardia Nacional nunca lo protegió bajo el argumento de que no tenía el personal suficiente.
Las organizaciones sociales aseveran que la agresión del viernes pasado contra el vocero del Cecop “es parte de la represión y hostigamiento de que es víctima desde hace décadas. Las autoridades fueron omisas para implementar medidas de protección a favor del líder campesino pese a que tenían conocimiento de las amenazas que enfrentaba. Soslayaron deliberadamente los riesgos que enfrentaba”.
“Las autoridades saben de dónde vienen las agresiones recientes contra el líder campesino. Militares, Fiscalía y gobierno del estado tienen un mapeo claro de los territorios donde operan los grupos delictivos en Acapulco y no hacen nada para desmantelarlos. No es casual que el grupo delictivo que desapareció a Vicente Iván Suástegui Muñoz sea el mismo que lo agredió el día de ayer”.
Solicitan “atención médica de calidad” para el líder del Cecop, una investigación “pronta e imparcial”, sanción “ejemplar” a los responsables y medidas de protección “efectivas” al herido y su familia.
Además de Tlachinollan, firman las Madres y los Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Cooperación Comunitaria y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), integrada por 87 organizaciones de 23 estados del país.
Asimismo, el Movimiento Urbano Popular (MUP), Hábitat International Coalition (HIC-AL), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C (IMDEC), Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz), Servicios para una Educación Alternativa-Educa Oaxaca, Norma Mesino Mesino, Diana Hernández Hernández y Raymundo Díaz Taboada.

El Mapder pide que se investigue y castigue el atentado Suástegui

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) exige que se investigue y se castigue a los responsables del ataque contra el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En un comunicado emitido también el sábado en la tarde en sus redes sociales, el Mapder destaca que Suástegui Muñoz es fundador del Mapder conocido “desde hace varios años por su incansable trabajo por la defensa de los territorios campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec que estuvieron en riesgo de ser inundados por la construcción de la presa La Parota”.
Señala que Suástegui Muñoz ha trabajado recientemente por la reconstrucción de los pueblos tras el paso de los huracanes Otis y John, “además, estuvo participando en la defensa de la playa de Acapulco frente a intentos de acaparamiento privado”.
Afirma que “su valiente trabajo en defensa de los ríos, bienes naturales y territorios lo han mantenido siempre en riesgo, en años anteriores Marco Antonio fue injustamente encarcelado por su lucha contra La Parota, ha sido objeto de múltiples ataques y amenazas, hasta la desaparición de su hermano Vicente Suástegui, además del asesinato de 11 compañeros del Cecop y tres que aún continúan encarcelados. Y ahora por este cobarde ataque su situación de salud es delicada”.
Además de la investigación del atentado a balazos del viernes pasado y el castigo a los responsables, el Mapder también exige garantías “para la atención a su salud, así como todas las medidas de protección para su familia y las personas integrantes del Cecop”.
Firman el Cecop; el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever); Comités de Hijos e Hijas Ausentes de Temacapulín en Estados Unidos, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México: Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; Comité Pro Defensa de Arcediano; y Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (Pucarl).
Asimismo, la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL); Servicios para una Educación Alternativa (Educa), y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).