Ayer continuó la audiencia de ejecución de nueve de los 25 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) presos en el penal de Las Cruces, y la juez se pronunció porque Marco Antonio Suástegui sea movido a una celda “digna”, además de que le permitan que especialistas lo revisen por el problema de salud de la cadera y por la tortura que sufrió.
Allí, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, quien es defensor de los integrantes del Cecop, informó que se ordenó a las autoridades del centro penitenciario suministrar agua potable a todos los procesados y que se les respete el derecho a la visita de sus familiares y de alimentación.
La audiencia se programó a las 2:30 de la tarde de ayer y duró casi tres horas. Uno de los puntos en que se centró la discusión fue porque las autoridades penitenciarias presentaron horas antes un escrito de nulidad, para dejar sin efecto la petición de la defensa del derecho a la salud, alimentación, comunicación y un trato digno para los procesados.
“Lo importante de esta audiencia es que se logró que se suspenda el aislamiento a Marco Antonio que la autoridad penitenciaria le impuso desde el 7 de enero que llegó al penal, es una orden de la juez de control y consideramos que es una buena resolución, pero nos sigue preocupando que está el mandamiento de la juez de que se sigan negando sus derechos humanos de él y de las demás personas”, explicó.
Aseguró que de los nueve imputados se concluyó el proceso con la resolución que dio la juez, pero están pendientes el resto de ellos. “El jueves y viernes habrá otras audiencias, en cada una estarán otro ocho de los detenidos”.
En declaraciones, Teliz García dijo que “se continuó la audiencia (que quedó pendiente del lunes) y al inicio nos llega la sorpresa de que la autoridad penitenciaria presentó un escrito de nulidad, teniendo como finalidad nulificar nuestra petición de derecho a la salud, a la alimentación, comunicación y que tengan un trato digno”.
Subrayó que la audiencia giró en torno a la petición de las autoridades penitenciarias, la cual la defensa de los imputados consideró como “infundada e improcedente, toda vez que la autoridad penitenciaria dejaba que se declarara todo lo nulo, la primera audiencia abierta, las notificaciones, los acuerdos y actos procesales de la ejecución y volver a empezar de cero, eso es una grave violación a los derechos humanos”.
“La audiencia versó básicamente sobre la discusión y análisis del pronunciamiento de este recurso de nulidad, y la juez lo que resuelve es totalmente claro, uno es que ese recurso de nulidad es infundado e improcedente porque estamos en la etapa de lo que mandató la juez de control, que ordena a la juez de ejecución que dé vista para revisar las condiciones de internamiento, básicamente es saber cómo ellos están internados”, detalló.
El abogado aseguró que la juez escuchó a todos los imputados, incluyendo a Marco Antonio Suástegui, y “como se trata de un caso urgente el tema de la tortura, del aislamiento en que se encuentra y el tema que no les están dando agua para beber, la juez se pronuncia y dice al Centro Penitenciario que inmediatamente tienes que cambiar a a Marco Antonio de esa celda y garantizarle una celda digna”.
También se ordenó que se nombren especialistas para que le revisen el problema de salud que tiene de la cadera y “de los actos de tortura que sufrió, y se ordenó suministrar el agua potable para que puedan tomar todos”.
El abogado dijo que el argumento de las autoridades penitenciarias para defender que no se violan sus derechos es que “no estaba debidamente integrado el expediente, ese su argumento, que faltaron hacer escritos, hacer peticiones, pero en realidad el expediente estaba totalmente integrado: una situación de revisión de la condiciones en las que están porque hay un caso urgente, porque hay personas torturadas y esas personas están privadas de sus libertad y se les debe de garantizar derecho a la salud, alimentación y una convivencia sana con sus familiares”.