Vecinos del fraccionamiento Las Playas solicitaron la intervención del gobierno del estado y de la Secretaría General, para que se suspenda el desalojo de 27 familias, que ordenó el juez Primero de Distrito, que habitan en el polígono 15 de la avenida Gran Vía Tropical.
En conferencia de prensa en el Zócalo, acompañados por el presidente de la Organización Social Democrática de Guerrero, Víctor Barrios, los vecinos dijeron que el pasado 14 de julio se presentaron a sus viviendas trabajadores del gobierno estatal y el representante legal de Omar Préstegui Valente, supuesto propietario del predio, para realizar el desalojo.
Advirtieron que se manifestarán para llegar a un acuerdo con el gobierno del estado.
Ruth Albarrán Abarca, una de las vecinas que serán desalojadas, declaró que el “problema es porque el Invisur no quiere respetar los contratos que tenemos y que hicimos en 2004, debido a una expropiación que hizo el ex gobernador René Juárez Cisneros en ese entonces y nos nos dio facilidad de comprar un predio”.
Abundó que desde entonces hacen pagos al Invisur, pero que el pasado 14 de julio los trabajadores del estado llegaron al lote donde están las viviendas con una orden de desalojo: “fueron con antimotines y maquinaria para destruir las casas pero no estamos notificados ni nada”.
Solicitó al gobernador Héctor Astudillo que los apoye “y respete nuestros contratos, somos familias humildes y no estamos invadiendo, al contrario, estamos ayudando al gobierno pagando los impuestos, servicios y pedimos que nos apoyen a respetar a nuestros derechos”.
Sostuvo que son 27 familias que tienen 12 años habitando en dicho lugar, que desde 2005 pagan al Invisur, “pero después el instituto detuvo nuestros pagos, dijo que había problemas, que supuestamente surgió un dueño al que le pidieron que presentara escrituras y que fueron apócrifas, le dieron otra vez la oportunidad de presentarlas pero fueron falsas”.
Albarrán Abarca adelantó que hay rumores de que los quieren desalojar en septiembre y “nosotros estamos en juicio, estamos pidiendo que se respete el contrato legal que hicimos con el Invisur para habitar esos lotes, primero pagamos 2 mil pesos y después dos o tres pagos de 500 pesos, hicimos como tres o cuatro pagos mensuales”.
Por su parte, el representante legal de los vecinos, Leobardo Tecorral Ajilio, recordó que hay un decreto a favor del Invisur que fue el que hizo los contratos “para regularizar a las personas y se hicieron pagos de 2 mil pesos. El gobierno de Zeferino (Torreblanca) nos entregó y nos aseguró que no había problemas con el predio porque está a favor de Invisur”
Explicó que durante 12 años nadie los molestó, “pero ahora aparece un supuesto dueño al que el juez de Distrito le otorgó un amparo para que se le haga entrega el predio y el gobierno del estado nunca nos llamó para decirnos de la posesión de los lotes”.
Tecorral Ajilio reiteró que el gobierno del estado nunca los llamó para decir que el predio tenía dueño y “es por eso que pedimos al gobernador y responsabilizamos al gobernador y al juez de Distrito por lo que pase a las 27 familias, porque necesitan de un patrimonio”.
Abundó que ahora les informaron que “se pretende que se le paguen al supuesto dueño 14 millones de pesos por el predio, eso es injusto porque el gobierno del estado cometió todos los errores y nos afecta a nosotros y no quieren reconocer que son responsables”.
El abogado dijo que las familias dieron los 2 mil pesos de pago inicial y después otros 2 mil y “queremos que respeten los contratos”. Aseguró que están dispuestos a pagar siempre y cuando sea una cantidad justa, “compañeros han sido denunciados penalmente y en el juicio se indicó que el valor del terreno, de tres mil metros, era de 3 millones de pesos”.
Detalló que ahora el monto se eleva porque el supuesto dueño quiere 14 millones de pesos, “8 millones por el predio y 6 millones por los honorarios del abogado Melquiades Olmedo”, y reprochó que el Invisur no defendió bien el predio y no dijo que había 27 familias.
Por su parte, Víctor Barrios Zarabia dijo que los habitantes son agremiados a la organización y “no sé qué trae entre manos el gobierno del estado, de los compañeros de El Playón de San Isidro salió un desalojo y se manifestaron en la Protur y hubo un arreglo; otro desalojo se intentó en Los Manantiales y ahora sale el tercer desalojo”.
Advirtió que se van a manifestar para que haya una solución y “el gobierno estatal diga qué trae entre manos”.