Integrantes de diversas organizaciones protestaron afuera de la Promotora Turística (Protur), para exigir respuesta de la Fiscalía sobre la desaparición del dirigente de la Organización Campesina de los Pueblos Indígenas de Ayutla, Ramiro Galindo Salomé, y del integrante del Consejo Democrático y Plural, César Suárez Cisneros, de quienes no saben nada desde el 24 de noviembre del año pasado.
En declaraciones, el presidente del Frente de Organizaciones Unidas, César Suárez Martínez, dijo que el fiscal Javier Olea Peláez cada vez que se reúnen sólo les dice que no hay avances, que siguen investigando.
Indicó que la presencia en la Protur era por diversas demandas, pero la principal “la aparición de los dos compañeros desaparecidos”, hace más de ocho meses, junto al dirigente de la Cetig, Juan Mendoza Tapia y su esposa, ambos encontrados después muertos en una fosa clandestina en Zumpango.
“A más de ocho meses no hemos obtenido nada de la Fiscalía sobre qué pasó con ellos; han pasado muchos meses y no hay una respuesta”, se quejó el padre de Suárez Cisneros.
Aseguró que el fiscal les dijo que están buscando a sus compañeros, pero “nosotros no vemos claro cómo y en qué forma lo están haciendo; cada vez que viene con nosotros nos dice que no hay nada, que no nos puede engañar”.
Recordó que hace un mes sostuvieron una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien dio “instrucciones especificas al fiscal para que volvieran a hacer la búsqueda, una investigación expedita y científica, pero al parecer los funcionarios no le hacen caso al gobernador y a lo mejor hay otra gente que manda en el estado. Al gobernador ningún secretario le hace caso”.
Suárez Martínez señaló que también el gobernador instruyó a que se resolvieran algunas demandas de las organizaciones, pero todos los secretarios les responden que no tienen dinero.
Cuestionó que a ellos que mantienen un plantón permanente en la Protur –oficinas donde atiende asuntos el gobernador– no les hacen justicia “¿qué será de los familiares que no exigen que se resuelvan los casos de desaparición forzada, de asesinatos que suceden a diario en Acapulco?”.
Se quejó que para el pobre no hay justicia y cuando son dirigentes rápido investigan.
Sobre si se han unido a las organizaciones que buscan fosas clandestinas, Suárez Martínez respondió que no porque es quitarle la responsabilidad al estado; “ellos son los que deberían garantizar la seguridad en las comunidades y, es más, a veces no lo hacemos hasta por miedo a que ocurran más desapariciones y asesinatos contra las personas que buscan a sus familiares, como ha pasado con otros que lo han hecho”.
La presidenta de la organización Mujeres Vulnerables en Desarrollo, Julia Suárez, manifestó que el gobierno del estado no les ha entregado el fertilizante ni los insumos para el campo, ni tampoco ha cumplido con el programa Empleo Temporal por parte de la Sedesol.
Por su parte, el representante de la Organización Social Democrática de Guerrero, Víctor Barrios Sarabia, también se quejó de que a pesar del compromiso con el gobernador de resolverles algunas demandas, los funcionarios de las diversas dependencias no hicieron caso.