Los manifestantes viven en un predio que fue expropiado en 2004 y vendido a ellos por el Invisur, pero desde el 14 de julio han recibido amenazas porque un juez revirtió la expropiación y supuestamente hoy serán lanzados
Karla Galarce Sosa
Septiembre 03, 2017

Unos 40 vecinos del fraccionamiento Las Playas y representantes del Frente de Organizaciones Unidas se manifestaron afuera de las oficinas de la Promotora Turística (Protur) ubicadas en el bulevar de Las Naciones, para exigir la intervención de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) ante una amenaza de desalojo.
Los manifestantes habitan casas construidas en un predio que fue expropiado en 2004 y vendido a ellos por el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur), pero desde el 14 de julio han recibido amenazas de desalojo porque un juez revirtió la expropiación y que supuestamente se realizará hoy domingo a las 9 de la mañana.
En la protesta, demandaron la intervención del presidente de Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, por la violación a sus derechos porque el Invisur no reconoce los convenios de pago de venta de los terrenos.
Los inconformes portaron pancartas en las que se leían los siguientes mensajes: “Somos 27 familias las que no estamos dispuestos a dejar nuestros hogares”, “Invisur respeta nuestros contratos, el error es tuyo no de las familias”, “No al desalojo del polígono 15 fraccionamiento Las Playas”.
La vecina Ruth Albarrán Abarca pidió la intervención del gobernador para que las 27 familias que habitan en el predio no sean desalojadas, pues hay casas construidas con materiales y de varios pisos que pagan impuestos y servicios desde hace 12 años.
“Estamos pidiendo ayuda porque están avisandonos que habrá un desalojo y que no se reconocen los contratos que hizo Invisur. No somos paracaidistas, o invasores como nos están señalando, estos contratos fueron realizados en 2005 porque el decreto de expropiación se publicó en el 2004 y a partir de 2005 comenzamos a hacer pagos de 2 mil, 4 mil pesos, pero después el propio Invisur ya no nos recibió los pagos, porque surgió un supuesto dueño y que al parecer en 2002 tuvo la propiedad”, expresó.
Albarrán Abarca dijo que la demanda fue realizada en 2014, sin embargo señaló que al realizar la venta de los lotes a nuevos dueños, la dependencia estatal cometió un error. “Tenemos contratos de servicios luz, agua, no hemos afectado a nadie, hemos pagado nuestros impuestos y le hemos aportado al gobierno con nuestras contribuciones”, indicó.
Los manifestantes comentaron que supieron de Omar Préstegui Valente y Melquiades Olmedo Montes, como representante legal del primero, como supuesto dueño del predio, por una demanda que hizo en 2014, nueve años después de que Invisur les entregó sus terrenos donde ya han construido casas.
“No entendemos cómo es que se llegó a esto si tenemos documentos de los pagos que hicimos y no se nos notificó que había irregularidades. Llegaron el 14 de julio de este año a desalojarnos con violencia, con maquinaria, antimotines”, expresó.
Dijo que el supuesto propietario está exigiendo 14 millones de pesos por el predio de los cuales 6 millones son para pagar los honorarios de su abogado.
Otro vecino, el señor Leobardo Tecorral Alilio, comentó que están evaluando la posibilidad de demandar a Invisur porque ha violentado sus derechos.
Tecorral Alilio comentó que Marco Antonio Lobato Castrejón era el director de Invisur cuando los vecinos de Las Playas firmaron los convenios de pago con la dependencia.
Los vecinos del fraccionamiento Las Playas protestaron el viernes pasado afuera del predio en cuestión, luego del aviso de despojo por parte de quien fuera dueño antes de ser expropiado el terreno donde actualmente viven 27 familias.
Los inconformes confesaron sentir temor ante el desalojo, a pesar de que han solicitado audiencias con el gobernador, éstas han sido agendadas para el 11 de septiembre, una semana después de la fecha tentativa del desalojo.
En su oportunidad, el vocero del Frente de Organizaciones Unidas, César Suárez Martínez, dijo que al sostener un plantón por la desaparición de sus compañeros Ramiro Galindo Salomé quien era dirigente de la Organización de pueblos Indígenas de Ayutla, y César Suárez Cisneros, integrante del Consejo Democrático y Popular desaparecido el 24 de noviembre, ayudarán a los inconformes y mantendrán su plantón pues no han tenido indicios del paradero de sus compañeros.
“Si no hubieran desaparecido los compañeros, no estaríamos aquí, porque como organización gestora hay un diálogo con el gobierno para que se solucionan las demandas que uno presente; la situación es que los compañeros tuvieron una desaparición forzada y reclamamos que los presenten”, expresó.