El vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que después de culminar las investigaciones de la Fiscalía General del estado por la muerte de 28 reos durante una riña en el penal de Las Cruces, se analizará el traslado de prisioneros a otras cárceles.
En declaraciones breves por teléfono, Álvarez Heredia explicó que tiene que esperar a que culmine la investigación por la muerte de los 28 reos, y que deben de cumplirse los requisitos que establece la normatividad respectiva en caso de un traslado.
“Se tiene que seguir un protocolo y respetar un procedimiento para completar un traslado a otra cárceles”, puntualizó.
Indicó que la información no se va a difundir antes de un posible traslado de prisioneros, sino después, para evitar manifestaciones de familiares.
Álvarez Heredia recalcó que la información de la investigación se va a mantener con sigilo por tratarse de un tema de seguridad.
En un boletín de prensa, confirmó que la Fiscalía General del estado ha judicializado a tres custodios por su presunta coparticipación en el homicidio de lo 28 internos, como se informó en este medio.
Indica que las autoridades penitenciarias y todos los custodios han sido llamados a comparecer y se encuentran bajo una “estricta investigación” para deslindar su probable responsabilidad en el homicidio de los 28 reos, cuya investigación la encabeza el fiscal general Javier Olea Peláez.
Recalcó que no habrá impunidad y se actuará con todo el rigor de la ley contra los homicidas y contra quienes coparticiparon “en estos aberrantes hechos”.
Precisó que el Semefo ha entregado 22 cuerpos de los fallecidos a sus respectivas familias y seis todavía no han sido reclamados, aunque ayer se informó que todos los cuerpos habían sido entregados porque trabajadores de Semefo y policías ministeriales dieron esos datos.
Álvarez Heredia subrayó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal prohíbe revelar los nombres de las personas judicializadas, que rindieron declaración ministerial, sujetas a investigación, en estricto respeto a sus derechos humanos.
Por último, reiteró que el control y seguridad del penal de Las Cruces seguirá a cargo de la Policía del Estado, con el apoyo del Ejército y la Policía Federal.
El pasado viernes, el gobernador Héctor Astudillo Flores, en el programa Despierta, con Loret de Mola, aseguró que el Grupo Coordinación Guerrero consideró que se debe reubicar al menos de 50 a 60 presos.
Policías ministeriales comentaron que en caso de un reubicación de reos se debe tomar en cuenta el alto índice de peligrosidad de estos.
Coincidieron que la reubicación de presos a otras cárceles serviría para evitar enfrentamientos y violencia adentro del penal.
Dijeron que las autoridades recaban la información en los custodios y jefes de área, incluso con cámaras del penal para obtener la mayor información del múltiple crimen.
Policías del estado dijeron que el penal de Las Cruces está rebasado en su capacidad de prisioneros, y ejemplificaron que está diseñada para más de mil reos pero tiene más de 2 mil.
Afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco la seguridad disminuyó y ayer el acceso ya no era restringido para las personas. Ya no se observó a familiares reclamar los cuerpos de las víctimas de la riña.
Las autoridades ministeriales estimaron que los cuerpos restantes podría ser de otros lugares de origen, porque dijeron que la riña comenzó el área de Máxima Seguridad (MS), es decir, de acusados por delitos federales.
El pasado jueves, una riña entre reos en el penal de Las Cruces, debido a una pugna “permanente” de grupos contrarios en el interior, dejó 28 muertos y tres heridos.
Los muertos fueron por armas punzocortantes y por golpes, informó el gobierno del estado.
La riña se reportó a las 3 de la madrugada adentro del penal y comenzó en el módulo de Máxima Seguridad y se extendió en otra áreas.
Al otro día, tres custodios del penal de Las Cruces fueron detenidos por presunto homicidio calificado y el director de la prisión, Miguel Ángel Gómez Garduño, fue separado del cargo.
El sábado, el juez de control determinó la detención legal de los tres custodios y les decretó prisión preventiva de un año a seis meses, de acuerdo con la información de Ministerio Público.
Los tres custodios aparentemente están acusados por el delito de homicidio calificado.