Lourdes Chávez

Chilpancingo

La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim), Marina Reyna Aguilar, aseguró que el “matrimonio infantil”, cohabitación forzada o uniones tempranas ocurren en todo el estado, y no se van a resolver sin una intervención articulada de las instituciones.
En consulta telefónica, señaló que para este problema aplican las medidas de la segunda Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, del 5 de junio de 2020, que sigue vigente, declarada porque se confirmó que en Guerrero no hay atención integral a las víctimas de violencia en el sector salud.
Reyna Aguilar criticó que que sólo después de que se hizo viral un video de un “acuerdo matrimonial” en la comunidad de Huamuchitos, de la zona rural de Acapulco, llegaron al lugar funcionarios de Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado y de los DIF estatal y municipal.
Consideró que su visita son acciones aisladas porque no estuvo el sector educativo, el de Salud, y de la Secretaría General de Gobierno que tiene a su Consejo Estatal de Población, para hacer análisis puntuales.
“Fueron, cada quien se llevó su informe, y hasta ahí llegó porque no habrá acciones conjuntas, o (de lo contrario) que informen ¿qué va a hacer a nivel estatal?, ¿qué medidas se van a tomar?, ¿qué políticas públicas se van a implementar ante esta situación para la no repetición?”.
Indicó que para la atención de este problema se deben aplicar las medidas de la segunda alerta por agravio comparado en el estado, que tienen que ver con la educación sexual, “pero no lo ven”.
Consultada sobre los acuerdos matrimoniales que quedaron evidenciados en Acapulco con la fiesta de Gael y Celia, de 14 y 15 años de edad, señaló que la gente sabe que no pueden acudir al Registro Civil a solicitar el matrimonio entre menores de edad, y que fomentar estas uniones unión temprana está penado.
En 2022 se reformó el Código Penal del estado para incluir la cohabitación forzada, en el capítulo de Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, con una sanción de cinco a 15 años de prisión y multa de 250 a 750 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien la promueva.
La defensora recordó que son parte de los usos y costumbres que persisten a nivel estatal, no sólo en comunidades indígenas, donde hay un programa de atención, también en Costa Chica, Costa Grande, en la Sierra, y en Acapulco, donde se supone que hay más oportunidades de desarrollo para los jóvenes. Al final, las personas que consienten las uniones, buscan cómo evitar que se les incrimine.
De la visita a Huamuchitos de personal de Sipinna y de los DIF, supo que dialogaron con los padres, con las autoridades locales, pero no resolvieron nada
“Es un parámetro que nos dice lo qué está pasando y qué tienen que hacer las autoridades, trabajar más, autoridades locales para cambiar esta cultura”.
Como señalan funcionarios estatales, confirmó que los usos y costumbres no son fáciles de erradicar, aunque haya campañas de dos o tres años de la que se desconocen los resultados, “esto tendríamos que analizarnos, si da resultados, y en qué regiones debemos trabajar estos temas que no se están denunciando”.
Recordó que el Inegi estableció que actualmente el promedio de la primera relación sexual es de alrededor de los 15 años, si llega al conocimiento de los padres, tal vez, su solución es casarlos, como no tienen la edad legal de 18 años, se van a vivir juntos sin ninguna educación sexual y aumenta el riesgo de embarazos tempranos.