Los propietarios del predio aledaño al panteón del poblado El Cayaco aseguraron que es legítimo el laudo que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) emitió a su favor, por lo que acusaron a Alberto Ávila González de azuzar a los pobladores para quedarse con el terreno.
Los esposos Marcela Guatemala Jijón y Abelardo García Montiel platicaron a reporteros su versión sobre la disputa que han mantenido por años por la posesión de una calle y parte del panteón de El Cayaco.
Abelardo García mostró escrituras avaladas por el notario ejecutado, José Rubén Robles Catalán, en las que se especifica la posesión de tres mil 45 metros que compraron en 1999 y que colindan con el panteón del poblado pero no lo invade.
Asimismo acusaron que Ávila González mandó a instalar una sepultura recientemente en su terreno.
El predio en disputa está al borde del bulevar Cayaco-Puerto Marqués, frente a la planta tratadora de aguas residuales de la CAPAMA de El Coloso. Ahí se encuentra el negocio de lavado de autos La Burbuja, propiedad de los esposos y que colinda con el panteón.
Abelardo García explicó que la calle en disputa con el ejido no es el acceso a El Cayaco, y señaló que cuando compró el terreno había un camino unipersonal pero lo amplió al instalar atrás de su auto-lavado un taller mecánico de camiones urbanos. Así la gente comenzó a pasar por ese lugar “porque lo vieron limpio”.
El dueño del terreno indicó que el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco –agredido a huevazos por ejidatarios de El Cayaco encabezados por Alberto Ávila– resolvió el caso conforme a derecho y a ello atribuyó la molestia de Alberto Avila, quien, señaló, no es presidente del comisariado porque tiene antecedentes penales.
Dijo que Ávila González azuza a los pobladores contra la familia García Guatemala y por ello han recibido amenazas vía telefónica y agresiones por vecinos enviados por el ex comisariado.
Abelardo García exigió a los pobladores que respeten la escritura pública sobre el acceso que él abrió hacia la comunidad, el cual no afecta a terceros y antes no existía.
Adelantó que cuando el TUA les dé posesión construirán una barda para delimitar su propiedad con el panteón.
Por su parte, Marcela Guatemala Jijón explicó que hace unos meses Alberto Avila negó un espacio en el panteón a una familia para enterrar un difunto, e hizo que se sepultara en el predio de los García.
Señaló que por ello ya pidieron al Ministerio Público que dé fe de los hechos y ofrecieron un lugar en otro panteón porque el terreno es propiedad privada.
Abelardo García negó las acusaciones de Avila Sánchez de que compró al magistrado Juan Rodolfo Lara para que la resolución se emitiera a su favor, pues aseguró que la familia no tiene dinero y lo único que poseen es la propiedad en disputa; “no tengo dinero para comprar una autoridad y menos conciencias”.
También su esposa Marcela Guatemala hizo responsable a Alberto Ávila de cualquier agresión su sufra la familia. “Esa persona nos ha dicho que no va a descansar hasta que esta propiedad sea suya”.
Relató que en 2002 demandó a Ávila González por el delito de agresiones y fue obligado por el MP a pagarle daños por la afectación de árboles frutales y una malla ciclónica que instaló para delimitar su propiedad.
Dijo que por esa querella Ávila González no pudo reelegirse como presidente del comisariado ejidal “y por eso más nos odia”.
También la vecina de los García Guatemala, Alicia Medina, fue afectada por los ejidatarios porque su terreno colinda con el panteón y en el mismo laudo que emitió el TUA resultó favorable para ella, pero lamentó que los pobladores instalaran allí 30 tumbas.
El abogado de la familia García Guatemala, Faustino García Juárez, explicó que cuando el ejido pidió la certificación ante el Programa de Certificación de Derechos Parcelarios y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) los ejidatarios la desconocieron como propietaria, pero el TUA emitió la resolución también a su favor.