Ramón Gracida Gómez

Se está repitiendo la historia de hace 22 años de la lucha contra el proyecto hidroeléctrico La Parota en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, ahora con la construcción de los pozos radiales en la comunidad de Aguacaliente, advirtió el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Vía telefónica, criticó la falta de consulta a la comunidad pese a las leyes que la garantizan, como la reforma al Artículo 2 constitucional sobre los pueblos indígenas y afromexicanos, como es Aguacaliente y los Bienes Comunales.
Las autoridades no respetan su identidad, pero “ante todo, los preceptos que hablan que para cualquier obra que se vaya a realizar dentro del territorio comunal, tiene que haber consulta, y aparte tiene que haber una información objetiva, veraz, imparcial, de buena fe”.
“Y nada de eso se ha dado, se ha violentado flagrantemente los derechos que tienen estos habitantes, máxime que estamos hablando de un territorio comunal de donde se está por años extrayendo el agua para un centro turístico, sin que las comunidades sean por lo menos beneficiadas”.
“O sea, no tienen ninguna obra de infraestructura que realmente dignifique su vida, por ejemplo, vas a Aguacaliente y lo primero que ves son las calles con aguas negras porque no hay drenaje, no tienen agua entubada en las casas, la gente tiene que ingeniárselas con mangueras, no hay red que esté funcionando”, subrayó.
Barrera Hernández añadió en su crítica a las gravilleras que afectan las carreteras de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, “los empresarios se benefician de la precaria infraestructura y la dañan, entonces ellos han luchado por años para que se les arregle ese camino y pasan administraciones y no hay nada, eso es grave, ahí se habla de un trato discriminatorio”.
El director de Tlachinollan, organización que asesora jurídicamente a la comunidad de Aguacaliente, lamentó el trato del representante de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Salvador Ramírez, que les dice a los campesinos que es propiedad federal; “pues sí, si se ponen muy estrictos, pero por donde él transita es propiedad comunal, entonces que no abusen de su autoridad”.
“Nosotros creíamos que hay más sensibilidad, más respeto, más, ante todo, capacidad de escucha y de diálogo, pero al parecer, como hace 22 años con la lucha contra La Parota pues los pueblos se tuvieron que levantar, tuvieron que bloquear las entradas, hacer plantones para evitar que entrara la maquinaria porque no les respetaron”.
“Se está repitiendo la misma historia con los pozos radiales, es la misma historia de hace 22 años cuando lucharon obviamente con el gran ejemplo de Marco Antonio (Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, asesinado el 25 de abril) que estuvo al frente de esta lucha”, resaltó el director de Tlachinollan que ha acompañado este movimiento.
“Parece que no han aprendido las autoridades que primero tienen que consultar”, insistió y rememoró la batalla jurídica de 2014 contra las gravilleras por medio de amparos y demandas.
Indicó que las concesiones de extracción de materiales pétreos no son revisadas y las empresas cada vez agarran más superficie comunal, por ejemplo, la gravillera que se encuentra entre la comunidad de Parotillas y el embarcadero El Fraile.