El Índice de Información del Ejercicio del Gasto Público 2017, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), coloca a Guerrero en el último sitio con 13.9 por ciento de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad gubernamental, muy abajo del promedio general en las 32 entidades de la república que es de 58 por ciento.
Así, el estado se ubica en el tercer bloque conformado por entidades que van de 0 a 59 por ciento de cumplimiento, dos posiciones abajo respecto a los informes de 2015 y 2016.
Guerrero aparece como el estado con más ingresos excedentes (que no estaban incluidos en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal en curso), los que le habrían permitido cubrir 5.9 veces la totalidad de su deuda pública al cierre de 2016, según el documento.
De acuerdo con la información recabada de las cuentas públicas e información financiera de 2016 de las entidades federativas, el Imco encontró que los estados estimaron en conjunto, 15 por ciento menos de los excedentes públicos que efectivamente recibieron, y cuestiona “¿con qué propósito se justifica la mala estimación de los ingresos?”.
Es decir, el gasto global presupuestado en 2016 a 32 estados, fue de un billón 692 mil 826 millones 660 mil pesos, y el presupuesto ejercido fue de un billón 944 mil 286 millones 636 mil pesos, una diferencia de 251 millones que equivalen al presupuesto anual del Estado de México, o a 49 por ciento de la deuda pública estatal.
En este sentido, indicó que con los excedentes obtenidos en 2016, 10 estados habrían pagado la totalidad de su deuda pública. Entre ellos Guerrero, aunque calculó que la proporción de sus excedentes pudo cubrir 5.9 veces la deuda pública estatal.
En general, denunció que los criterios de distribución de los excedentes (participaciones, cuotas y aportaciones, transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas, e impuestos locales entre otros) son poco claros o inexistentes, a pesar de que la Ley de Disciplina Financiera establece “candados” para el destino de los ingresos excedentes.
Sin embargo, el informe explica que sólo 11 entidades federativas están sujetas a los criterios de distribución de ingresos excedentes y no incluye Guerrero.
El Imco explicó que en México, 40 por ciento del presupuesto público es ejercido por los gobiernos estatales, y en este tenor, realiza la evaluación sobre el gasto ejercido que reportan las entidades federativas por secciones: información presupuestal, contable y programática.
Tabasco (86 por ciento), Campeche (83 por ciento) y Puebla (81 por ciento), son los que se encuentran mejor calificados en cuanto a cumplimiento, mientras el Estado de México (38 por ciento), Baja California Sur (25 por ciento) y Guerrero (14 por ciento), están en el menor rango.
El informe concluye que los estados no solo no gastan en lo que dicen que van a gastar, sino que gastan más, y violan la Ley general de Contabilidad gubernamental aprobada hace 10 años.
Y propone que los Congresos locales no aprueben presupuestos irreales, que los gobiernos estatales publiquen en tiempo y forma su información financiera, y se sancionen las variaciones injustificadas entre el presupuesto aprobado y el monto del gasto.
Asimismo, insta a que se elimine la discrecionalidad con la que los estados pueden disponer de los ingresos excedentes, que se elimine el uso de efectivo en las administraciones estatales, y que se impulsen auditorías en tiempo real para detectar irregularidades al momento de la ejecución de los recursos públicos, y además se fortalezcan las sanciones que imponga la Ley General de Contabilidad Gubernamental por incumplimiento.
Aclaró que el Imco no valida la información financiera que reportan los gobiernos, sólo mide indicadores con base en la metodología descrita en el informe, y cada entidad es responsable de la veracidad de los datos que presenta.
Por ejemplo, señaló que en el caso Veracruz, colocado por sus indicadores entre los seis estados mejor evaluados con 79.2 por ciento de cumplimiento; cuarto sitio nacional y solo una posición atrás que el año anterior, la asociación Moody’s y Fitch Ratings señaló la poca credibilidad de la información financiera de ese estado en 2016.
Y aunque no lo menciona, es alusión directa a las denuncias de corrupción y las irregularidades en el ejercicio público del gobierno priista de Javier Duarte, detenido y acusado de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.