Brenda Escobar

Zihuatanejo

El dirigente nacional de la Unión Democrática Campesina, (UDC), José Juan Moreno Guerra, advirtió que si el gobierno de Zihuatanejo continúa en su postura de no dialogar con la organización que él representa, para saber por qué les decomisaron 21 vehículos de procedencia extranjera, popularmente conocidos como carros chocolate, los cuales les devolvieron 12 días después, “habrá consecuencias, principalmente para quienes dependen directamente del turismo, pues miles de turistas de Michoacán y Guanajuato dejarán de venir en periodos vacacionales a este lugar de playa”.
Ayer jueves, en conferencia de prensa en un conocido restaurante de este puerto, Moreno Guerra, quien estuvo acompañado por el dirigente de la UDC en este municipio, Mauricio Gasca Toledo, quiso precisar que, “no había ningún argumento o fundamento legal para que la dirección municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Zihuatanejo haya decomisado 21 vehículos, seis de ellos de turistas de Michoacán y Guanajuato, y sin embargo los retuvieron durante 12 días”.
Desde el 17 de diciembre pasado, en retenes puestos en diversos puntos de esta ciudad, agentes de la Policía Vial quitaron 21–y no 20 como se ha venido informando–, camionetas conocidas como chocolate, que son de procedencia extranjera, principalmente estadunidense, que están en proceso de regularización en el país, con el argumento de que no circulaban con placas nacionales y sólo traían las de la organización UDC.
A partir de ese día y hasta el miércoles de esta semana, el gobierno municipal por medio de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito, se había venido negando a calificar el costo de la infracción que les impusieron a los dueños de las camionetas, así como también a recibirles su pago, pero según José Juan Moreno, el Ayuntamiento terminó cediendo”.
Agregó que la organización que él representa cubrió el costo de la multa, del arrastre de la grúa y del tiempo que estuvieron los carros en el corralón, “tanto de nuestros agremiados de aquí de Zihuatanejo como los de Michoacán y Guanajuato, a quienes apoyamos con los boletos de autobús para que pudieran regresar a sus lugares de origen; el costo fue desde los 2 mil a los 5 mil pesos”.
El gestor comentó que, haciendo uso de su derecho de audiencia, solicitó por escrito una audiencia con la alcaldesa de este municipio, Lizette Tapia Castro, “en la que también esté el marino que está haciendo la función de director de Seguridad Pública y nos diga bajo qué argumento o fundamento legal retuvo durante tantos días los vehículos”.
Señaló que gracias a esa imposición, “completamente ilegal y fuera de toda lógica, nuestros 800 agremiados que tenemos tan sólo aquí en Zihuatanejo y en todo el estado son 3 mil 500, tienen guardados sus carros porque hasta que la autoridad no nos aclare toda esta situación, no los podrán utilizar y quiero decirles que es el único municipio en Guerrero en el que estamos teniendo este problema, sólo aquí”.
Continuó, “o sea que les regresaron sus camionetas, pero al hacerles firmar ese documento, les están diciendo que si vuelven a ser vistos circulando por el municipio, los van a detener y se los van a volver a quitar, por eso tuvimos que avisar al resto de nuestros agremiados que mejor no se arriesguen y los guarden hasta que la primera autoridad de Zihuatanejo nos dé una explicación de qué está pasando”.
A pregunta expresa, José Juan Moreno dijo que en su momento hizo llegar un documento a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que se incluya a Guerrero en el decreto emitido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para que en la entidad también se den las facilidades para regularizar los vehículos de procedencia extranjera.