Karla Galarce Sosa

La delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Maricela Ruiz Massieu, dijo que desde el 1 de mayo la dependencia ha hecho 21 clausuras en obras de la entidad, porque los inversionistas carecen de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) o autorización de cambio de uso de suelo en desarrollos turísticos, habitacionales y otras.
Aseguró que todas las clausuras se realizan conforme a la ley y “sin distingo de montos de inversión” porque infringen las normas federales en materia ambiental, por lo que advirtió que “se aplica la ley a todos los infractores”.
El martes pasado, el presidente de la Asociación de Propietarios del Fraccionamiento Bahías de Papanoa, Jorge Armando Cerda Wggnes, denunció que Ruiz Massieu “sugiere a través de sus inspectores” que los proyectos clausurados por la dependencia que contraten despachos “de su confianza” para que continúen “sin ningún problema”.
Cerda Wggnes se quejó porque la Profepa no evalúa la precariedad con que los pequeños desarrollos realizan sus inversiones, e ignoran la dificultad por la que atraviesan poblaciones alejadas de las grandes manchas urbanas y cuyos gastos fluyen a cuentagotas.
Al respecto, Ruiz Massieu comentó que las clausuras y las multas aplicadas no están basados en montos de inversión.
“No es cuestión del monto de inversión porque es el mismo trámite para todos. En una de las clausuras entendieron, como los de Joyas de Brisamar”, dijo.
Señaló que la ley en materia de impacto ambiental “se ha endurecido”, y en especial la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Hizo referencia a lo que dijo el ombudsman guerrerense Ramón Navarrete Magdaleno durante la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente el 15 de junio pasado, quien señaló que vivir en un ambiente sano es un derecho humano y las autoridades ambientales “deben ser intransigentes” en la aplicación de las normas para lograr su cumplimiento.
Al respecto Ruiz Massieu indicó que “no es por el bien mío sino (que) es un bien de todos porque nadie habla por la naturaleza, es indefensa”.
Comentó que la Manifestación de Impacto Ambiental evalúa el daño o los cambios que se generan una vez que los trabajos se realizan, no obstante se establecen plazos y condicionantes para que tales se remedien o aminoren.
En declaraciones a reporteros al concluir la colocación de la primera piedra del proyecto inmobiliario Armando’s le club, en la zona Dorada, la funcionaria federal indicó que hay ocupantes irregulares en la isla La Roqueta.
De la isla La Roqueta, dijo que el almirante de la Octava Región Naval, Juan Guillermo Fierro Rocha, asumió la responsabilidad de resguardar la ínsula como lo establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en su edición del 6 de noviembre de 1981.
“Ahora que las Capitanías de Puerto dependen de la Secretaría de Marina pueden regularizar los deportes acuáticos, además que tiene el faro y hay una serie de problemas de los que estamos haciendo la relación a detalle, para que sepamos a qué dependencia de gobierno corresponde echar la mano y recuperar este año la isla”, declaró.
Ruiz Massieu comentó que entre otros problemas como ocupaciones irregulares en la zona federal están la deforestación y una plaga de mapaches, por lo que buscan que recupere de manera natural y resolver la falta de drenaje y agua potable.
Mencionó que la ínsula tiene unos 10 ocupantes irregulares.
Otro aspecto de la isla, añadió, es que durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero la playa Larga cumplió con los criterios para que fuera certificada por la NOM-20 de la Semarnat, pero que solo faltó izar la bandera.
Añadió que antes de lograr el decreto como Parque Marino, que buscan los integrantes del Comité Pro Defensa de la Isla, las autoridades buscarán recuperar la certificación de la NOM-120, pero requieren la participación de 30 dependencias más de diferentes niveles gubernamentales.